Empecemos por la superficie del asunto.

El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra decidió en 2001 imponer un impuesto a los bancos por los depósitos de los ciudadanos de la Comunidad. El Gobierno de Aznar, con Montoro como ministro de Hacienda, lo recurrió y suspendió la aplicación…

El Tribunal Constitucional, con el retraso acostumbrado, ha resuelto que la medida es legítima.

El actual presidente extremeño, José Antonio Monago, que estuvo entre los detractores de la medida, va a recibir en su prespuesto de los bancos 240 millones de euros con los que no contaba.

Y para quedar bien y no pelearse con IU, de cuyos tres votos depende su cargo, Monago ha decidido pagar a los funcionarios la extra de Navidad que el Gobierno de su propio partido en Madrid ha recortado sin excepciones.

Hasta ahí una relación de sinsentidos, salvo la decisión de Rodríguez Ibarra.

 

La cuestión, sin embargo, es otra.

¿A los bancos se les puede meter mano?

Por lo pronto, el Gobierno anuncia que la sentencia “debe ser analizada” y, en si pasa el análisis, “examinada a nivel europeo”, porque todo lo que afecta a los bancos está sometido a un memorándum y bla, bla, bla.

O sea, ¿se puede o no?

Sería tan saludable… Pero, para qué engañarse… Y si saliera bien, ¿ganarían los ciudadanos o acabarán pagándolo en comisiones, desahucios o lo que entre ellos inventen?

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