España se encuentra ya el estado de alarma. En los últimos días las progresivas decisiones del Gobierno parecían alentar una actitud de creciente responsabilidad por parte de los ciudadanos. Sin embargo, el anuncio de medidas más severas ha desatado una confrontación política incompatible con la gravedad de la situación y la necesidad de respuestas comunes y solidarias.

Con el líder del PP como pionero ­–el mismo que reprochaba al Gobierno ampararse en criterios científicos–, varios dirigentes territoriales han reclamado medidas por encima de sus competencias. Una vez anunciada formalmente la declaración del estado de alarma, las discrepancias van en aumento, como si se hubiera abierto una disputa por ser el más duro del corral o el jefe irremplazable de su propio corralito. Tal vez, porque la declaración anunciada los pone a todos a las órdenes del presidente del Gobierno.

Se había anunciado y cabía temerlo. Los nacionalismos gobernantes en Cataluña y Euskadi, que ya habían rebatido alguna disposición similar anterior, se niegan a aceptar la realidad del propio Estado. Otros se resisten alborotando el tablero y animando al enfrentamiento en detrimento de un planteamiento global y compartido.

La disputa por el liderazgo sube la agresividad y la división, en sí mismas despreciables en circunstancias tan difíciles; alienta la ruptura social, debilita la exigencia de responsabilidad pública y quiebra la moral imprescindible para superar un estado de inquietud del que no podemos escapar.

Patético.

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