La ética reclama la oposición a la venta de armas a cualquier dictadura e incluso a cualquier estado que pretenda emplearlas contra personas indefensas.

Los intereses ciudadanos priorizan todo aquello que pueda estimular la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes.

La política tiene la obligación de articular respuestas que resuelvan los problemas de los ciudadanos sin conculcar principios elementales.

Entonces esos criterios incuestionables se ven sometidos a la razón práctica y, en el terreno político, a la realpolitik, que equivale con frecuencia a la deslegitimación de los principios éticos como regidores de la acción política.

 

Caso concreto. El ministerio de Defensa español anuncia su propósito de anular el contrato con Arabia Saudí para suministrar un importante número de bombas que la monarquía (absoluta) saudita utiliza en la guerra que mantiene en Yemen. Anunciada la intención del gobierno Sánchez, los trabajadores de Navantia, con sus sindicatos al frente, responden inmediatamente convocando una huelga para impedir que la reacción de Riad afecte al contrato para la fabricación de tres corbetas de la que depende el empleo en los astilleros. El gobierno español da marcha atrás en lo relativo a las bombas que originaron el conflicto.

Conclusiones

El gobierno no tiene justificación ni excusa: anunció lo que no estaba en condiciones de cumplir; lo hizo porque no supo explicarse o hacerse entender, porque no buscó soluciones a los problemas que se podrían derivar de unas decisiones razonables, porque se negó a poner sobre la mesa las profundas contradicciones de la cuestión.

Los sindicatos y los trabajadores tampoco no vacilaron entre la defensa de causas generales y sus intereses laborales inmediatos. No necesitaron una advertencia explicita del gobierno saudí. Les bastó con atisbar los posibles efectos del anuncio inicial del gobierno para relegar los principios éticos que lo sustentaban.

El fondo de la cuestión deja tras de sí algunos asuntos básicos: uno, el modo de resolver los dilemas frecuentes entre los intereses legítimos y los criterios morales que deben sustentar una sociedad responsable y laica; y dos, la necesidad de un debate público y abierto sobre cada una de esas cuestiones y, en consecuencia, la necesidad de una política de comunicación honesta que asuma las contradicciones inherentes a la sociedad en que vivimos.

Por el contrario, como cada vez que se plantea una cuestión de calado en esta sociedad, el debate volvió a brilla por su banalidad o por su ausencia. Los temas de fondo quedaron lejos de la reflexión pública. ¿Se había contradicho el gobierno? ¿Falló la coordinación? ¿Por qué no generar (¿mañana mismo?) alternativas de empleo en la bahía de Cádiz?

Para colmo, en un asunto que reclamaba máxima claridad sin trampas, el ministro de Exteriores y la ministra portavoz del Gobierno remedaron al que asó la manteca: las bombas de precisión no pueden matar a yemeníes inocentes ni por casualidad ni por un efecto rebote. El presidente del Gobierno fue más concreto y más resignado: no le quedaba otra.

¿Hubiera sido mejor callarse? ¿O asumir que hay armas de destrucción mental?

Sobre El Autor

Artículos Relacionados

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.