La justicia tiene razones inescrutables; al menos para el profano. La superposición de normas sobre la base de una legislación y una jurisprudencia inabarcables convierte cualquier caso en interpretable. Así las resoluciones judiciales resultan con frecuencia indescifrables para el lego, no solo por el fárrago en que suelen envolverse sino, sobre todo, por la complejidad de unas interpretaciones solo al alcance de profesionales (y no siempre).

Por eso opinar sobre asuntos judiciales suele convertirse en ejercicio arriesgado para pontífices de medio pelo. En ese contexto parece razonable la opinión que expresa Mariola Urrea en Juicios y prejuicios. De hecho hay personas, como la que suscribe, que en esa materia adoptan el criterio de ver, oír y, a lo sumo, interrogar o interrogarse. De política o cualquier otra materia todo se acepta como opinable, aunque también se debiera reclamar algo de información y, ya puestos, unas gotas de formación al respecto.

Sin embargo, en materia judicial cabe la posibilidad de que la responsabilidad de los desafueros no provenga del atrevimiento de los profanos (o ignorantes) sino de la desvergüenza de los entendidos (o profesionales). Cuando estos, por ejemplo, trasladan (o someten, según los casos) los argumentos jurídicos a motivaciones de otra índole (sociológica, política o económica). En esas situaciones, no hay otra: se declara abierta la veda.

Así ha ocurrido en el caso del impuesto sobre actos jurídicos documentados relacionado con las hipotecas. Fue el propio Tribunal Supremo el que se enredó, él solito, al justificar su decisión de someter a debate del pleno las sentencias que hacían recaer el pago del impuesto en los bancos. Pero no la lio tanto por la decisión en sí como por su justificación: la “enorme repercusión económica y social” del caso. A partir de ahí nadie puede negar el derecho a intervenir a cuantos se sientan repercutidos, a quienes tengan familiares, amigos o vecinos en esa situación, e incluso al que se levante con ganas de polemizar.

La justicia cambió su propio escenario, desbordó sus propios límites, por la exclusiva voluntad de sus máximos valedores. Los ciudadanos, ahora, pueden sentirse liberados para ejercer su derecho de defensa o, mejor, al pataleo, nadie conocedor de la realidad podía creer que los bancos iban a perder, fuera cual fuera la resolución final. El problema es que les han dado la victoria por decisión divina. Eso ofende. Y confunde.

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