Federico Trillo ha sido un personaje siniestro. Acumula un historial que estremece y para el que no cabe arrepentimiento ni confesión, porque sus efectos perduran. Sin ese miembro del Opus Dei al frente de la fontanería y de las cloacas del PP, la historia de la corrupción política en España habría sido tanta ni tan larga. Y la posición hegemónica del Partido Popular durante largos años, no solo al frente del gobierno sino también de la formación del sustrato ideológico dominante, tal vez habría encontrado contrapesos más firmes. Pero Trillo fue el artífice más distinguido y siniestro de la impunidad política.

Desde el iniciático caso Naseiro hasta la ignominia del Yak42, con decenas de muertos y muchas más víctimas a sus espaldas, Trillo fue el gran urdidor de artimañas y cambalaches, de exoneración del partido en casos de auténtico estercolero o de vejaciones repugnantes, ya fueran sus damnificados el juez Garzón o cualquier otro tipo decente que buscara el adn responsable de la mierda que nos rodea. Alcanzó el cénit de la zafiedad, cuando, siendo ministro de Defensa, fletó el avión de la muerte y convirtió la investigación del accidente en un atentado contra la transparencia, la legalidad y, al final, contra las víctimas.

Como correspondía a personaje tan religiosa lo suyo tenía carácter de misión, pero, tratándose de un falsario, también de sobresueldo: algunas cuentas investigadas por la justicia reflejaron trasvases de 345.000 euros por servicios prestados.

Lo sabíamos desde hace mucho e incluso en este lagar consta ese saber desde los inicios: véase esta reflexión de hace cuatro años.  Ahora lo recordamos con otras firmas.

 

Un órgano tan poco dado a la claridad en asuntos que afectan al poder político como el Consejo de Estado ha elaborado un informe tan laborioso (por lento) y claro que no deja lugar a dudas. El ministro ahora embajador en Londres se ha quedado sin coartadas ni coberturas. Y aún peor: la justicia debe darse por ajusticiada. Sus sentencias en el caso del Yak42 elevan su desprestigio a una cota sobrenatural, porque, si sus resoluciones fueron técnicamente correctas, sólo los bárbaros pueden sentirse amparados por la ley.

El presidente del gobierno no ha dudado en poner a Trillo al cobijo de aquellas resoluciones cuando un clamor reclama sanciones:

– ¡Federico, ya basta!

– ¡Mariano, qué fuerte!

– ¡Luis, aprende!

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