Algunos amigos –y otros que no lo parecen tanto– han detectado una contradicción flagrante entre mi crítica al soberanismo catalán del día 10 de abril y la defensa cerrada del cine español que había hecho el 31 de marzo. Es posible. Nadie, que yo sepa, está a salvo del peligro de que algunas circunvoluciones de su corteza cerebral sigan caminos divergentes y no convergentes. Pero intentaré explicarme, para mí misma y para quienes tengan la paciencia de seguir estas disquisiciones.

Frente a un enemigo común, planetario, que apoyándose en su poderío económico trata de imponer en todas partes su visión de las cosas, los gustos y preferencias que considera más rentables para sus objetivos de dominación, me parece sensato que las sociedades más pequeñas hagan una piña, en defensa de sus peculiaridades culturales y sus formas de vida, en lugar de atomizarse cada vez más, subrayando las diferencias entre ellas en vez de intentar armonizarlas y que convivan pacíficamente unas con otras, mientras el monstruo globalizador se lo permita.

En el caso del cine, en concreto, el producido en Cataluña y en el resto de España han coexistido sin problemas, desde que la censura franquista dejó de tenerlos igualmente subyugados con su férrea bota. Incluso en aquellos tiempos negros, y con todas las limitaciones imaginables, el movimiento llamado Nuevo Cine Español, que algunos tacharon de ‘mesetario’, coexistió con la Escuela de Barcelona, considerada por otros esteticista y descomprometida. Y más recientemente, ha habido ayudas institucionales para películas de una u otra procedencia, sin discriminación y, si me apuran, con cierto desequilibrio favorable al lado catalán cuando los distintos gobiernos centrales necesitaban del apoyo parlamentario nacionalista. Que el tono y tenor de aquellas negociaciones, por cierto, deberían ser revelados alguna vez por quienes los conocieron bien, para que todos los ciudadanos descubriéramos los niveles de zafiedad y mezquindad a los que podía llegarse en ellas. Pero esa es otra historia.

Se entenderá, espero, que hablando de la necesidad de defender como sea la posibilidad de que se siga haciendo cine en toda España, y en cualquiera de sus partes, sostenga que las películas estadounidenses deberían pagar buenas cantidades del dinero que obtienen en nuestras taquillas utilizando el idioma como arma de competencia desleal en lugar de atenerse a la versión original subtitulada. Y que las películas rodadas en Cataluña fueran habladas en catalán –si sus creadores así lo quisieran– y exhibidas en el resto de España con subtítulos en español. Lo que no tiene  mucho sentido es que, además de doblar las producciones de Estados Unidos a este idioma, haya que hacerlo también al catalán, al euskera, al galego o a mi andalú de mi arma –con cargo al erario público, porque difícilmente podrían ser rentables–, en nombre de una supuesta ‘normalización lingüística’ que a ras de calle funciona perfectamente, sin tantos aspavientos, derroches y declaraciones altisonantes.

No sé si me explico. Aunque la cosa se complica, claro, cuando algún desWertgonzado sin dos dedos de frente –por mucha calva que luzca– sale diciendo que habría que españolizar a los niños catalanes y otras sandeces por el estilo. Vaya usted a saber por qué, cuando surgen cuestiones delicadas que afectan a dos partes comúnmente dependientes de una tercera –el gran hermano yanqui, sin ir más lejos– siempre hay algún lacayo que consciente o inconscientemente atiza el fuego entre los pequeños en beneficio del grande.

 

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