El coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, está contento. La aprobación del decreto antidesahucios promovido por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, motiva su satisfacción. “Por estas cosas vale la pena estar en un gobierno”, ha concluido Diego Valderas.

Algo parecido, aunque tal vez más ambicioso y enfático, afirmó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a poco de llegar a la Moncloa, cuando aseguró que su recién estrenado cargo le confirmaba hasta qué punto se podían hacer cosas para mejorar la vida de los ciudadanos.

Bien es cierto que tal posición puede servir también… para cagarla, como podrán argüir muchos de los muchos detractores que fue acumulando el ex a lo largo, y sobre todo al final, de su segundo mandato.

Sabiendo lo que sabemos en estos tiempos, ni más ni menos, parece más factible el gran fiasco en la gestión política que el acierto pleno; entre otras razones, porque el marco real en el que aquella se desarrolla está viciado de raíz. Y la transformación de ese marco hoy se antoja una utopía tan necesaria como inalcanzable, siquiera en el plazo deseable o, si se prefiere, en el horizonte vital a nuestro alcance (mayormente el mío).

Y es en ese contexto –es decir, en este instante– cuando la afirmación de Diego Valderas alcanza todo su valor. Hay cosas por las que merece estar en el gobierno. Porque solo estando en él “esas cosas” son factibles. O sea, desde el punto de vista del ciudadano, “esas cosas” dependen del gobierno en ejercicio, si uno, otro o el de más allá. Sin IU en el gobierno andaluz, el decreto antidesahucios no existiría. Y sin PSOE, a tenor de lo que afirma el gobierno extremeño, tampoco.

La propuesta fiscal que acaban de anunciar el PSOE de Rubalcaba merece, como mínimo, atención y un análisis más certero, para lo que hará falta conocerla con mayor detalle o, aún mejor, contrastarla una vez aplicada.

El caso andaluz trae a la memoria una iniciativa, hace ya muchos años, más de treinta, de algunos ayuntamientos españoles (por ejemplo, el de Salamanca, entonces psoecialista), que trataron de aplicar un impuesto a las viviendas vacías para favorecer su uso basándose en el valor social de ese bien. Luego, la realidad resultó mucho más adversa y fue casi imposible aplicar el gravamen por las dificultades para crear un censo de residencias desocupadas. Aparte del valor del principio que se aplicaba, la medida trataba de poner coto a la acumulación de viviendas con fines exclusivamente especulativos y a la burbuja que los propios ayuntamientos contribuyeron a generar.

Los ayuntamientos de entonces –y también, aunque tal vez en menor medida los de ahora– pusieron de manifiesto que se podían “hacer cosas” que beneficiaban a los ciudadanos menos favorecidos. Y que no era lo mismo un gobierno que otro. El mandato de Zapatero en su primera etapa corroboró ese punto de vista y su mejor símbolo fue la ley de  dependencia.

No obstante, esa conclusión se diluyó prácticamente por completo al adentrarse en los asuntos de fondo, los directamente relacionados con la gestión de la economía, donde el discurso gubernamental (incluido el énfasis en algunos axiomas absolutamente contradictorios con la ideología que decían representar) se homologó cada vez más con el de la oposición, aunque ésta decidiera mirar hacia otro lado, como si lo que ocurría fuera contrario a sus planteamientos e intereses. Una manifestación más del esperpento de la política al uso.

Hay ámbitos donde las diferencias pueden ser ciertas e incluso claras (aunque en muchos de ellos los gobiernos hayan carecido de voluntad o valor para demostrarlo) y otros en los que resulta mucho más difícil. Es cierto y tal vez inevitable en un plazo corto (o medio) que la sociedad actual, y por tanto la política, ha perdido el control de la gestión de la economía, que ha sido usurpada por otros poderes descontrolados.

En este ámbito sólo un compromiso muy amplio, que desborde lo nacional hasta alcanzar carácter plenamente internacional, puede generar una tendencia correctora de los desmanes generados durante decenios. Pero aún así, entre tanto, caben “algunas cosas”. Eso es lo posible. Y a eso no puede renunciar la política. Es decir, los ciudadanos. Es lo que la legitima y lo que nos legitima desde el punto de vista de nuestra responsabilidad colectiva y solidaria.

Viene esto a cuento de tantos argumentos o medias verdades que desprecian en absoluto la acción política, que identifican a todos los actores sin distinción ni matices, que abdican de cualquier transformación (pocas veces fueron más necesarias) o que la confían a movimientos espontáneos que, junto a valores fundamentales, rehusan reconocer que la situación de muchos ciudadanos hoy requiere “estas cosas”. Negárselas puede equivaler a situar sus propios principios contra ellos.

Todos pueden tener muchas razones ara defender sus criterios, pero llega un momento en el que pierden la razón.

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