Hubo un tiempo en el que buscamos la línea inequívoca que separaba a la izquierda y la derecha ideológicas o políticas. Algunos encontramos en aquellos momentos un elemento útil para aquellas tertulias borrosas por la acumulación de humo y de lecturas no siempre digeridas saludablemente. El derecho a la propiedad privada era la clave para ubicar a las personas o los programas a uno u otro lado de la raya. Ese era el quid.

La vida y la reflexión se complicaron mucho con la edad. Primero, porque aquella línea divisoria dejaba muy solos a unos pocos y amontonaba multitudes en el otro, porque los que carecían de cualquier propiedad reclamaban su derecho inalienable a poseerla. Tuvimos que llenar de matices nuestra argumentación y la línea nítida fue perdiendo perfiles a medida que subían las olas de las décadas siguientes.

El derribo del muro de Berlín, el neoliberalismo y en final de la historia acabaron aquellos trazos divisorios. Y así fue engordando la concepción del fraude fiscal como un derecho, en la misma medida en que amplios sectores de la sociedad iban identificando la hacienda pública con el fruto de un expolio. Y así hasta estos días.

De vez en cuando, sin embargo, llegan mensajes minoritarios, aunque bien documentados, que nos retrotraen a aquellas viejas tertulias, que no volverán, porque ya no soportamos tanto humo y tanto alcohol y, sobre todo, porque ya perdimos, sin remedio, a algunos de los viejos compañeros con los que, mientras pudimos, reclamábamos el valor de aquella línea trazada en la playa de nuestra juventud.

 Para nuestro consuelo nos queda Thomas Piketty. Adalid, primero, contra la herencia que perpetúa el poder y la casta en El capital en el siglo XXI y, ahora, contra la propiedad privada, en Capital e ideología, con propuestas como un impuesto sobre el patrimonio con un tipo máximo del 90%, una cogestión del poder en las empresas en la que participen los trabajadores y una especie de herencia para toda persona de 25 años de 120.000 euros.

¿Alguien puede discutir que “hoy afrontamos una lógica de acumulación sin límite y de sacralización del derecho del propietario” o que se debe “organizar una circulación permanente de los bienes y la fortuna”? Piketty recuerda y explica cómo “los grandes éxitos del siglo XX en la reducción de las desigualdades, pero también en el crecimiento económico, se obtuvieron reequilibrando los derechos del propietario con los del asalariado, el consumidor. Se hizo circular la propiedad”. Y nos advierte de que “puede ocurrir que este divorcio con las clases populares conduzca a una explosión de la Unión Europea y a un repliegue en las identidades nacionales”.

Cosas de viejos, aunque él no lo sea.

Sin embargo, Piketty no está solo. Al menos, no del todo o absolutamente solo. Richard Wilkinson, historiador británico, dice que, si fuera político, “prohibiría los paraísos fiscales y la maquinaria financiera que ayuda a privilegiados a evadir impuestos. Debería lograrse un acuerdo internacional para frenar estas dos trampas. Y elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías. Hay familias en las que los hijos no necesitan trabajar y muchos los miran como si fueran seres superiores cuando no lo son”.

 

 

 

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