¿Cuánto debe cobrar un cargo público? La pregunta se repite en este país desde casi cuarenta años; y eso, porque, antes, de tales menesteres no se hablaba.

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Allá por el año 1979 tuve que plantearme ese asunto por obligación profesional. Trabajaba en un ayuntamiento en el que el alcalde decidió pedir la excedencia de su puesto de trabajo principal (médico en la sanidad pública) por incompatibilidad manifiesta (de tiempo), aunque mantuvo durante un tiempo su condición de profesor en una universidad privada, a cuya retribución, no obstante, renunció. Hizo más: un 10 por ciento de su retribución como regidor se trasladaba directamente al partido al que pertenecía y otro porcentaje lo donaba a diferentes organizaciones solidarias. Por todo ello el alcalde deseaba que los ciudadanos supieran que, en realidad, no cobraba lo que el municipio le pagaba y los ciudadanos conocían, porque de eso ya se había encargado el periódico municipal y la oposición.

Una y otra vez, siempre que me sugerían que explicara que el salario era otro, me tocaba explicar, con desigual acierto, aunque con cabezonería, que no era cierto.

0250370c804d59a9fd1ecbfccb9e94d5La cuestión vuelve a estar sobre el debate. ¿Cuánto debe cobrar un cargo público?

Muchas personas comparten la pregunta, inducidas en buena medida por su adalid, Podemos, que, por simplificar, ha venido a decir: tres veces el salario mínimo.

Sin embargo, Pablo Iglesias percibió el sueldo íntegro que le correspondía como parlamentario europeo, mientras lo fue, y los concejales de Zaragoza hacen lo propio, pese a proclamar que solo se quedan con el triple mínimo que proclaman.

Salgamos de dudas

¿Cuánto pagaron o pagan los ciudadanos a Pablo Iglesias, a los concejales de Zaragoza, a los de la CUP o cualquier otro de los que aseguran que sus límites morales y efectivos son inferiores a los oficialmente reconocidos? Lo mismo que perciben sus colegas, ya sea a derecha o a izquierda, por sus mismos puestos.

¿Entonces? Según dicen los podemitas y sus afines (al menos, en esta cuestión) donan el excedente de ese triple mínimo hasta el salario real a medios de comunicación afines (Pablo Iglesias, La Tuerca), a Ongs cercanas (concejales zaragozanos) o similares. Y por tanto su sueldo se limita al triple mínimo.

billetes¿Alguna conclusión? Que una cosa son los ingresos y otra los gastos. Que los ingresos, el salario, son los mismos en unos y otros, nuevos y viejos, zurdos o diestros, y los gastos o el destino de los ingresos… ¿?¿? Eso es, varía.

Si el destino de las donaciones respondiera a la voluntad de quien paga el salario (o sea, a la totalidad de los ciudadanos representados por la institución correspondiente) cabrían matizaciones en cuanto a la efectiva reducción del salario. Mientras ese destino obedezca a una decisión exclusiva del cargo público, no caben disquisiciones. El argumento del menor coste de los que lo anuncian carece de fundamento: ¿en qué varía que una persona destine el salario asignado o parte de él a su propia familia, a allegados y hasta a su cuenta corriente o que lo reparta entre organizaciones afines a las que aprecia y con las que comparte estrategias o intereses? Cada uno gasta el dinero como quiere.

Si se acepta que en estos últimos casos la reducción es cierta, se debería reconocer que cada uno de los ciudadanos podría estar sufragando a entidades que le repugnan. O sea, o se devuelve el dinero a la institución que paga o no hay reducción que valga para sobrelegitimar el salario recibido.

Eso, para empezar. Pero, demagogia aparte, ¿cuál debería ser el salario justo de un cargo público?

Esa es otra. Y estoy seguro de no tener respuesta. Porque, por una parte…; pero, por otra…

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