La pregunta del presidente del Gobierno al president del Govern no tenía sentido. ¿Ha declarado usted la independencia de Cataluña, sí o no?, venía a decir. La sociedad entendía el interrogante y su contexto, pero la pregunta en su literalidad estaba muy cerca del absurdo.

Desde su propia perspectiva, de la que no puede abdicar, el Gobierno sabía que el Govern carecía de legitimidad y, aún más, de poder legal para declarar la independencia de Cataluña. La legislación española, a la que Rajoy acude sin descanso, es inequívoca. Si al alcalde de Saucedilla de Abajo se le ocurriera anunciar su independencia, ¿le enviaría al susodicho una carta para que precisase su comunicado? Entonces, ¿por qué preguntaba?

¿Tal vez porque podía responderle de otro modo y con otro amparo? ¿El Gobierno reconocía entonces, implícitamente, la supuesta legalidad catalana? ¡Qué aberración!

La paradoja del president del Govern no resulta menor. Su reivindicada legislación no le confería atribuciones para tan alta misión. La ley del referéndum catalán establecía que, una vez informado por la Sindicatura electoral del resultado favorable a la independencia, el Parlament debería declararla formalmente, asumiendo sus efectos y el inicio del proceso constituyente. Pero no hubo Sindicatura ni declaración del Parlament ni res mes. Pero, si solo podía decir no, ¿por qué se negó a hacerlo?

Tal vez porque habría contado con la misma convicción y la misma credibilidad que merece un borracho que proclama a gritos en una callejuela oscura su amor a la puta que le sostiene erguido. ¿Molesta la comparación? Indica, a fin de cuentas, que ese estado de inconsciencia podría ser eximido como atenuante e incluso como eximente ante los tribunales.

O sea, que aparte del sinvivir en que el Disparate Nacional tiene sumido a muchos ciudadanos, estos viven también, y sobre todo, en la sinrazón.

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Una sinrazón que va en aumento. Porque, si no hubo bastante con la primera farsa de este diálogo por correspondencia, está a punto de iniciarse la segunda, aderezarlo hasta el extremo por una juez que ha enviado a chirona a los dos máximos dirigentes de las asociaciones ciudadanas que más contribuyeron al desarrollo del Procès. Más leña al fuego.

Los defensores de la separación de poderes tropiezan con un hecho irrefutable: la iniciativa partió de una instancia dependiente del Gobierno, la fiscalía. Ahora, la juez, tal vez con razones legales a favor de su decisión, está sometida a la lógica judicial, difícilmente reversible, pese al fuego que provoca. Ella pertenece a otro deber, pero quien incentivó el caso, la fiscalía, debía haber estado (lo ha estado en muchas ocasiones con motivos ridículos) bajo un estricto control del Gobierno.

Este Gobierno definitivamente, incluso en estas circunstancias, solo tiene la razón de la sinrazón. Es un bombero pirómano. Aunque le avale la legalidad.

¡Qué fatalidad! Resulta difícil compartir el deseo de los independentistas catalanes. Cada día resulta más fácil compartir el enojo contra quienes se creen los representantes legítimos de España.

Otra vez, la tristeza, la pena, el miedo…

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