La televisión es un medio de comunicación de interés general en función de su virtualidades informativas, recreativas, culturales, educativas y lo que se quiera. Cualquier persona o grupo interesado en estos ámbitos debería tener derecho y opción a disponer o participar en su propia televisión. Sin embargo, ese ha sido un derecho limitado a quienes tienen capacidad para desarrollarlo y convertirlo en un negocio incluso negando cualquiera de aquellas virtualidades legitimadoras.

El desarrollo de las tecnologías de la comunicación han modificado sustancialmente el fondo de este debate antes central, aunque nunca interiorizado en los órganos de decisión públicos. Las licencias de televisión se adjudican desde la administración pública en la medida en que las cadenas usufructúan una parte del espacio radioeléctrico, que es patrimonio común y limitado. Por eso las concesiones tienen un periodo de vigencia, que se suele prorrogar cuasi automáticamente, aunque no un canon económico, porque se trata de concesiones graciosas de las que el poder espera réditos, las correspondientes “gracias”.

Sin embargo, una vez iniciada esa rueda contradictoria, las empresas concesionarias llegan a convertirse en auténticos poderes fácticos, ya sea indirecta o directamente, como en el caso que derivó en la supresión de la publicidad en la televisión pública y en su posterior asfixia económica.

Algo de esto se repite en otros sectores. Uno de ellos está de moda, el taxi. Las concesiones se ejecutan en aras del servicio público que prestan en el ámbito del transporte y la movilidad bajo procedimientos regulatorios que, pese a su apariencia, en la práctica se acaban pareciendo a los propios de un régimen oligopolista. Se parte de un número máximo por municipio, de unas tarifas comunes y de algunas condiciones más. Sin embargo, se trata de licencias transferibles y acumulables, muy poco exigentes respecto a la calidad del servicio prestado –que queda al albur de los licenciatarios, puesto que no existe un régimen real de competencia– y que convierten al tenedor de la licencia en su gestor sin la obligación de ejercer efectivamente el oficio para que el se le otorgó. Es decir, este procedimiento acaba haciendo responsable del ejercicio del derecho regulado no al taxista sino al taxi. La capacidad de reclamación del usuario es mínima pese a que el es el autentico legitimador del servicio público.

Estas anomalías incrementan extraordinariamente la capacidad de presión del gremio. Un régimen de concesiones complejo y cerrado le otorgan una fuerza negociadora desmesurada (que alcanza en ocasiones la violencia) ante los aparentes reguladores de la concesión en cuanto a precios, condiciones laborales o la ampliación del numero de licencias aconsejada por las variaciones de la población que legitima la condición del servicio público.

Todo ello se pone de manifiesto en el conflicto entre los taxistas y las empresas VTC (vehículos de transporte con conductor), que han irrumpido en los últimos años en lugares muy distintos y que ponen en evidencia el viejo modelo, aunque a costa de reclamar una desregulación que les beneficia en múltiples facetas.

La sociedad actual encuentra problemas de estas características en frentes muy diversos. La realidad ha cambiado. Las opciones se han multiplicado. Y a veces el servicio público se dirime al margen de sus auténticos destinatarios.

Y habrá que ponerse las pilas. Las respuestas requieren nuevos enfoques. Y el objetivo fundamental no puede ser otro que la calidad del servicio público. Por encima de intereses particulares o de gremios. La presión en la calle puede tener réditos electorales, claro; también la pedagogía de llamar a las cosas por su nombre en toda su complejidad.

P.D.El caso del taxi lo expone esta información, publicada días después del comentario anterior.

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