Reformas, recortes, galgos, podencos…

Está en juego en qué sociedad queremos vivir.

La Transición española ayudó a avanzar, aunque con evidentes tensiones,  al amparo de la ilusión de unos referentes estimulantes: Europa, el estado del bienestar, la búsqueda de un equilibrio entre libertad e igualdad, entre crecimiento y reparto.

Puede parecer un homenaje al aniversario de la Constitución.

No lo es. Desde su origen sabíamos que el texto y su consenso amparaban aquello y lo contrario, lo que vivimos en la actualidad. En el mejor de los casos, la Carta Magna lo permitía, aunque dejándolo en manos de las fuerzas sociales, los gobiernos, la cooperación internacional y el paradigma o el relato de referencia.

Si acaso la Constitución fijaba límites: para lo mejor y lo nefasto, para la transformación y el regreso al pasado, aunque esto último, como se puso de manifiesto, no podía ser abolido con un texto. De cualquier modo aquéllos fueron, pese a todo, mejores tiempos que los actuales.

España pudo avanzar en determinados derechos con esta democracia, con la integración en Europa y con los gobiernos socialistas: educación, sanidad, protección social, dependencia, igualdad en determinados aspectos… Avanzar hacia una sociedad más equilibrada, con la extensión de las clases medias, a cambio de la aceptación de principios contrapuestos, que interiorizaban la hegemonía dominante como la única posible, con el aval de los mismos gobiernos socialistas y la propia Europa.

Los tiempos habían virado de manera impetuosa por la confluencia de dos corrientes avasalladoras: la pulsión liberal de Reagan y Thatcher y el derrumbamiento del muro de Berlín que dejó a la corriente más social no tanto sin proyecto como sin contrapeso. Y de ahí surgieron la desregulación absoluta de los mercados, el tótem financiero, el vaciamiento del poder democrático, la derrota de las clases más desprotegidas o, si se prefiere el eufemismo, la extrema vulnerabilidad de la mayoría.

El afán hegemónico o totalitario de los detentadores reales de la riqueza transformaron la vocación imperialista de las superpotencias en la globalización. Ellos impulsaron la transformación radical del modelo productivo con el soporte de las nuevas tecnologías. Y fijaron de manera inequívoca que sólo ellos regularían y permitirían el reparto de sus crecientes beneficios. (Concluyeron que lo mejor para la mayoría sería no repartirlos, porque el reparto solo es posible cuando existe riqueza y, como solo la riqueza puede generar riqueza, cuanto más se aplace la distribución, mejor será para el reparto y mayor el beneficio común. Aunque eso implique que ninguno de los que andamos por aquí alcancemos a verlo).

Las sociedades, o el mundo mismo, están cada vez más bajo el poder de menos personas y también al socaire de una ideología, el repetido paradigma o el relato, que los ciudadanos han interiorizado como si fuera (o porque lo es) el flotador sobre el que pueden sobrevivir en este tsunami que les arrasa.

Los dogmas de esta sociedad se desarrollan en principios insoslayables: la eficiencia natural de los mercados, la eficacia de la desregulación de la actividad económica, la pérdida absoluta del valor de lo público, el sometimiento de los intereses colectivos e incluso los individuales a la productividad y la rentabilidad…

La ideología dominante tiene referentes teóricos, pero se rige por prácticas que tienden tanto a afianzarse como a convertirse en irreversibles. Todo ello se concreta en decisiones cotidianas. No importa si se trata de modificaciones, reformas o recortes sino que, sea lo sean, resultarán irreversibles y que las pérdidas o las derrotas no se suceden sino que se acumulan.

Y en eso radica la gravedad de la situación: lo que se pierde cada día no es hasta luego sino para siempre; la próxima pérdida se sumará a la anterior en educación pública o en sanidad publica, en salarios o en pensiones (las congelaciones son un método de reducción para toda la vida del pensionista), en ayudas o derechos laborales, en permisividad para defraudadores o en exigencia de tasas para servicios que carecían de ellas…

Todo eso también cabía en la Constitución.

Y por eso poco importa si se trata de reformas, recortes, galgos o podencos… El problema consiste en que recuperar lo robado resultará imposible, porque la ideología interiorizada o asumida invalida la reclamación.

Salvo que alguien sea capaz de proponer y convencer con otro paradigma u otro relato que necesariamente tendrá que superponerse sobre el que tenemos. Llegado ese quimérico caso, alguien dirá que esa utopía no cabe en la Constitución.

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