La Generalitat valenciana ha decidido el cierre absoluto de Canal Nou, la televisión pública valenciana como réplica a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declaraba nulos los más de 1.000 despidos del ERE planteado por la dirección del canal autonómico.

El Gobierno de Madrid ha amenazado a Telemadrid con el cierre si el tribunal correspondiente adopta una posición similar ante su respectivo ERE.

Y RTVE debate qué hacer tras el referéndum que, por una diferencia mínima, rechazó un acuerdo salarial que rebajaba salarios y prestaciones.

La radiotelevisión pública se encuentra ante una situación límite.

Contra los hechos, argumentos

A las amenazas, e incluso a las afirmaciones del presidente de la Generalitat, aún les queda recorrido. Al cierre le resta un periodo de confrontación y desgaste: los derechos de los trabajadores despedidos no cesan por procedimientos automáticos y sus reclamaciones mantendrán el conflicto, e incluso el canal, vivos. Ahora, además, a los damnificados se suman los trabajadores que se libraron del ERE y sus cañas son lanzas que pueden sumarse a la disputa desde el interior de la cadena, de sus redacciones y platós.

Sin embargo, la situación de la televisión pública requiere una reflexión a fondo. El periodo de gobierno absoluto del PP ha llevado la larga crisis de estos medios a un punto de ruptura. Tal vez ellos hubieran deseado el cambio de modelo de manera más silenciosa, aunque irreversible, como suelen: conduciendo a los canales públicos hacia un modelo de gestión privada que abocaría de facto y, más adelante, incluso de iure, a un modelo privado.

Se puede avanzar por parte.

El caso valenciano

La dirección de Canal Nou, designada por el gobierno autonómico, planteó hace varios meses una fuerte reducción de costes. El símbolo de todo ello fue un ERE que afectaba a más de 1.000 trabajadores y, hace unas semanas, cerró el concurso para la adjudicación de la mayor parte de la programación a una productora privada, con algunos vínculos con el PP.

Sin embargo, ayer el Tribunal Superior de Justicia rechazó el ERE de manera radical, declarando nulos todos los despidos (lo que significaba la readmisión inmediata con recuperación de todos los derechos) y la Generalitat respondió con el cierre fulminante de la televisión pública valenciana: ni trabajo para los despedidos ni programación para la productora beneficiada por el concurso ni televisión pública.

La dirección había planteado la transformación del modelo anterior mediante una la privatización de buena parte de la programación y la reducción de la plantilla a una tercera parte de la existente. Argüían que los costes de la televisión valenciana eran inasumibles y puede que, a ese respecto, los responsables políticos tuvieran razón, aunque fueron ellos los causantes de la situación alcanzada.

Canal Nou ha sido, de un tiempo a esta parte, el paradigma del grado de aberración al que puede llegar la televisión pública: manipulación ideológica e informativa, despilfarro en favor de amigos y allegados, corrupción en beneficio del partido mediante comisiones… Por todo ello merecía el cierre patronal; es decir, el despido de sus patronos, pero lo que se ha anunciado es el despido del medio público; es decir, salvo que se demuestre lo contrario, una decisión contra los ciudadanos y contra los trabajadores; por este orden.

Porque los graves defectos o los imperdonables errores fueron el fruto de la gestión de sus dirigentes: un modelo de contenidos contrario al interés público (por ejemplo, Canal Nou abogó por la propaganda en contra de la información, fue pionero de la televisión basura –Tómbola–y despreció al idioma propio de la comunidad como su principal baluarte), unos criterios de gestión económica vergonzosos (el caso Gurtel y el déficit acumulado lo demuestran) y una pérdida de reconocimiento y credibilidad absolutas. Sin una línea de contenidos, de gestión y de reconocimiento publico (algo mucho más complejo que las audiencias consideradas tan solo desde el punto de vista cuantitativo) no hay servicio público digno.

Responsables de distinto pelaje

La responsabilidad más importante la tienen precisamente los que han decidido el cierre en lugar de reconvertir el modelo. Pero el fracaso, en lo más profundo, no es solo de los dirigentes políticos, también lo es de los trabajadores e incluso de los ciudadanos. Y no solo en tanto que víctimas de los desmanes de aquéllos sino también en la medida en que no consiguieron corregir la deriva en marcha, un rumbo que viene de muy lejos.

¿Los trabajadores, desde un punto de vista colectivo, soportaron en exceso las tropelías de sus dirigentes? ¿Los ciudadanos los sancionaron a través de los mecanismos a su alcance? Unos y otros, o ambos, contaban con organizaciones y procedimientos (o pudieron crearlos) orientados a defender los intereses colectivos, pero o los supeditaron a los intereses más primarios o individuales o no consiguieron dotarlos de la fuerza necesaria.

Hay quienes piensan que, en estas situaciones, no se puede atosigar a los damnificados. Sin embargo, solo desde la reflexión a sus posibles complicidades en los despropósitos es posible pensar en que no se repetirán. Si todos estamos absolutamente al albur de unos pocos, mejor dimitir de cualquier responsabilidad social o pública.

¿No basta el precedente de Canal Nou, la amenaza inminente sobre Telemadrid o la larga historia de despropósitos de RTVE para haber realizado una profunda reconsideración de las radiotelevisiones públicas?

Aunque la experiencia de los tres primeros años de la Corporación RTVE (2007-2009), habría que volver a revisarla a la luz de la crisis y de los cuatro años posteriores (desde 2010), de aquella oportunidad se podrían extraer no pocas conclusiones.

De estos asuntos aquí se ha escrito con frecuencia.

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