La resolución de la corte alemana acerca de la correspondencia entre el delito de alta traición (alemán) y el de rebeldía (español) no resuelve esa duda sino algo mucho más práctico: a Puigdemont no se le podrá acusar del delito de alta traición (alemán) y, salvo un cambio imprevisible, no se le podrá juzgar del delito de rebeldía que, según el juez que instruye la causa contra él y otros dirigentes del independentismo, supuestamente cometió. Lo cual no implica que la acusación sea inadecuada sino que la violencia que el juez del Supremo considera suficiente para la rebeldía no le basta al tribunal alemán para sancionarle por alta traición.

En resumen: “Es cierto que los actos violentos que tuvieron lugar el día de la votación (en referencia al referéndum ilegal del 1-O) se pueden imputar al acusado en cuanto iniciador y defensor de la celebración del referéndum. Sin embargo, la naturaleza, el alcance y efectos de dichos actos no bastaron para someter al Gobierno”. El párrafo, textual, forma parte del comunicado de la Audiencia de Schleswig-Holstein.

Quizás importen más los matices en el análisis que la normativa que regula las extradiciones en la Unión Europea. ¿Implica esa resolución un prejuicio que excede lo que correspondería a la corte germana? ¿Se trata de una laguna en la articulación judicial de la Unión Europea, basada en la aplicación de valores o criterios desiguales y en el recelo ante esas diferencias? ¿Sería deseable una normativa absolutamente común, un respeto pleno a las especificidades de cada Estado en aras de su propia legitimidad democrática o sigue siendo razonable el sistema vigente que, en última instancia, dicen, deja en manos de la justicia lo que pertenece a la justicia?

Concluyamos: la vía judicial resulta inescrutable en muchas ocasiones, al menos para los profanos. Lo sabíamos antes y lo corroboramos ahora. Pero alguien se empeñó no tanto en ella, porque los otros la hicieron inexcusable, sino en confiarle en exclusiva el rumbo del conflicto. Y así, por esa vía, cada vez estamos más seguros de avanzar hacia el absurdo de un callejón oscuro y sin salida, carente de veredas para el acuerdo, la rectificación e incluso el chalaneo.

La solución no será judicial. Y este incidente lo demuestra, porque lleva a la justicia española a uno o varias aberraciones: no poder aplicar a quienes incumplen su ley las propias normas, juzgar a personas que compartieron acciones idénticas con fórmulas profundamente desiguales, primar a quienes huyeron de la justicia sobre los que asumieron sus responsabilidades.

El camino es otro. Y solo así esta vía definitivamente adulterada podrá ser corregida algún día que ojalá llegue,

(Una vez escritas estas lineas, encuentro estos comentarios: Adán Nieto: Euroorden y confianza mutua. Y Manuel Cachón Cadenas: Lo que importa son los hechos imputados).

 

 

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