España y Cataluña viven en medio de un auténtico disparate en el que el entendimiento y el desvarío se superponen y confunden hasta tal punto que, si desde la perspectiva ciudadana todos tienen algo de sentido y de conciencia –como podría proclamar el pensamiento condescendiente–, desde la perspectiva política y simplemente democrática todos carecen de razón e incluso de legitimidad.

No convendría denominar tal dislate como el Disparate catalán, porque en todo caso se trata de un Disparate español, si ese término incluye el papel decisivo de Cataluña en el embrollo. O podría ser no más que un episodio del mucho más duradero Disparate nacional.

A muchas personas no independentistas, tampoco nacionalistas, les duele la imagen que provoca la presión ejercida por jueces y fuerzas de seguridad sobre una sociedad movilizada en torno a valores y modos de expresión que, antes de entrar en detalles, se identifican con las señas de identidad de un sistema liberal o de libertades. Esas mismas, muchas, personas valoran la realidad del último capítulo del Disparate nacional como consecuencia de un hecho incuestionable: la irresponsabilidad de un partido político, el Popular, y de un gobierno, el español actual, que solo han entendido la reclamación nacionalista–independentista desde la confrontación con la ley, concebida como un dogma inmutable, como una fe.

El poder de la imagen de jueces y policías–guardiasciviles en torno a instituciones publicas y en medio de concentraciones masivas de ciudadanos impide cualquier atisbo de flexibilidad y alienta la victimización de quienes prendieron la llama que ha abocado a este incendio gigantesco, avivado apasionadamente desde dentro y del que se ha tratado de excluir a los bomberos, ya sea por su propia incompetencia o porque las llamas que algunos vieron venir antes que nadie les dejaron entonces quemaduras y cicatrices en el cuerpo.

Y así estamos: a fogonazo limpio. Los que conculcan la ley, el instrumento a través del que se reconocen la legitimidad y los valores democráticos, se consideran orgullosos adalides de derechos que no lo son. Mientras, los que proclaman la inmutabilidad de la ley se transforman en dinamitadores de la convivencia a la que debe servir la legalidad. Y así todos coinciden en negar, al menos, los derechos de las minorías, asumiendo procesos indignos desde un punto de vista democrático o cercenando las posibilidades de adecuar la legislación a las nuevas circunstancias y demandas ciudadanas.

De ese modo hemos alcanzado no tanto un punto sin retorno como un punto sin remedio. Hemos llegado a un tiempo en el que –eso parece– sólo el desencuentro anuncia recompensas, ya sea en el cielo imaginario que habría de llegar o en el barro de las aspiraciones políticas. Solo el caos podrá devolvernos a otro espacio donde entenderse tenga, si no premio, reconocimiento, al menos. Solo el desconcierto pueda animar a quienes se niegan a ser de los unos o de los otros y a colocar a las personas en uno u otro bando. En esa distinción, tan real, radica la irreversibilidad del mal.

En esta fase del Disparate nacional, por una parte, la mayoría del Parlament persiste en su propósito ilegal, perpetrado mediante la negación de los derechos, como mínimo, de la minoría y protegido por el escudo de la agitación. Por otra, el poder del Estado que representa el gobierno español abruma a cualquier reclamación, con el ariete de los tribunales y las fuerzas del orden.

¿Caben otras lógicas, otras salidas? ¿Puede alguien renunciar a ejercer lo que la ley dispone? ¿Puede alguien abandonar aquello para lo que en su propio fuero está legitimado por una movilización muy poderosa? ¿Quién tiene prelación? ¿Se puede entrever algún atisbo de solución sin cesión en aspectos fundamentales, como la convocatoria misma del referéndum, dado que la ley se podrá cambiar pero, entre tanto, no puede permitir un plan contra ella misma?

El problema de fondo se antoja aún más grave. La división social que se ha creado, el escozor de un cáncer cuyo tratamiento, incierto de antemano, provocará años de efectos secundarios y recaídas, de pérdida de vigor y frustraciones, de desconfianzas y, en el mejor de los casos, de un profundo escepticismo. Las reivindicaciones sociales han pasado a segundo término: la desigualdad, el compromiso con los refugiados ha desaparecido del debate, la sanidad, la educación, la dependencia,las pensiones… La hegemonía de los sectores más recalcitrantes ha encontrado alimento en el conflicto y ha debilitado las defensas de lo razonable y postergado lo que se daba por urgente. ¿España entera busca con ansia su propio desahucio?

¿Algún remedio en el horizonte? Imaginemos que todos, en cada uno de los territorios, exigimos responsabilidades a quienes prendieron la mecha y a quienes la despreciaron, a los que la soplaron por delante y a los que lo hicieron desde atrás, a cuantos se regodearon en el esplendor del fuego ignorando sus efectos. Imaginemos que todos reclamamos la urgencia de otros gobiernos, otras mayorías, otras actitudes ciudadanas: la creación de nuevos senderos abiertos al horizonte. Ahora mismo, una quimera. Se requiere un cambio tan profundo que se antoja imposible. La alternativa pasa por aceptar la mediocridad, la tensión latente, la frustración y una larguísima convalecencia sin otra expectativa que el nuevo brote de la enfermedad que hemos alimentado. ¿Es ese el mejor de los supuestos?

¿Solo nos queda esperar a la metástasis? ¡Qué plan!

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