Tenía que defenderme. El primer teniente de alcalde de Salamanca, todavía bajo las reglas de la dictadura, había presentado contra mí una querella. En una de aquellas publicaciones que intentaban anticipar el cambio de régimen al que aspirábamos publiqué que el susodicho edil había adquirido a su ayuntamiento, a un precio muy bajo, según mis informantes, una parcela urbana de propiedad municipal para adosarla a otra de su exclusiva pertenencia a fin de levantar un edificio en una de las zonas más céntricas de la ciudad.

Para argumentar de manera fehaciente lo que habían avalado varios funcionarios municipales acudí al agente inmobiliario de mayor prestigio de la ciudad para que certificara el valor de mercado de la parcela en cuestión. Su respuesta me desarmó: ¿Qué precio quiere que le ponga?

Esta anécdota ayuda a entender una nueva patraña de algunos medios de comunicación. Según ellos la ministra de Educación y portavoz del Gobierno ha ocultado en informaciones oficiales el valor real de una casa de su propiedad, lo que hacía suponer la existencia de un fraude de importantes proporciones. ¿La realidad? Que la ministra había declarado el inmueble con su valor catastral, como hacen todos los ciudadanos que declaran correctamente. ¿Los denunciantes conocen a alguien que haga lo contrario, incluidos ellos mismos? Aún más: ¿cabe la posibilidad de determinar con rigor el verdadero precio de mercado?

Yo, al menos una vez, lo intenté.

PD. El mercado como juez solo puede ser un peligro. Y cuando actúa en el mundo de la comunicación y la política, un monstruo.

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