Cuando comparecí como encausado por un delito de injurias ante la Audiencia Territorial de Valladolid, allá por el año 1978, no sabía dónde sentarme. Cuando el fiscal empezó a gritarme con una cólera que enrojecía su rostro y llevaba a su yugular al borde de la explosión, no supe donde meterme. En vezr de apaciguar aquel volcán, el juez asentía y estimulaba, aunque no estoy seguro de si por afinidad ideológica o por puro miedo a que se le fuera la mano al ministerio público. Quien supuestamente tenía que defenderme debió pasarlo aún peor: confundió a los testigos que habíamos presentado y a uno le preguntó lo que le correspondía al otro y a este lo que le tocaba a aquel.

Salió mal, como cabía temer y me condenaron negando lo que era evidente. Dijeron que el concejal acusado en mi artículo no era el beneficiario ni el adjudicador de una parcela municipal cedida a un ínfimo precio, pese que el documento oficial del Ayuntamiento que certificaba el acuerdo de compraventa incluía dos firmas: una, la de quien representaba al ayuntamiento, y otra, la del concesionario. Las dos eran idénticas porque las había realizado la misma persona, el concejal señalado en mi escrito. No debieron verlo.

Así era la justicia cuando se trataba de dilucidar entre alguien afecto al régimen, el teniente de alcalde que compaginaba sus menesteres con la construcción, y un ingenuo periodista que creía tener derecho a decir la verdad. No había manera de rebatir o apelar con mínimas garantías. De hecho, el Tribunal Supremo ratificó los hechos probados –la firma doble tampoco mereció su atención– y la condena. Más que la pasta, que dolió, porque fue mucha, ofendieron los desprecios cómplices del magistrado y el fiscal.

Los jueces eran una casta que ejercía un poder que desbordaba el ámbito jurisdiccional. Ordenaban desde su propia moral y sus principios, en particular, políticos. Por eso, a gente como yo, no le podía caber en la cabeza que, al inaugurar nuevos mecanismos para regular la judicatura, fueran los jueces de la Dictadura quienes gobernaran la Justicia. De ahí lo que planteó un personaje tan respetable como Juan María Bandrés exponiendo un dilema aún no resuelto, siquiera satisfactoriamente, aunque fundamental.

¿Quién tenía legitimidad para elegir el órgano de gobierno de los jueces, el denominado CGPJ? ¿Los propios jueces o los ciudadanos a través de sus legítimos representantes? La izquierda no lo dudó y articuló fórmulas que el paso del tiempo fue enturbiando. Unas veces, por voluntad expresa de los legisladores. Y otras, por el deterioro de sus actuaciones, porque, si en aquellos momentos aún se atenían a principios relacionados con las preocupaciones ciudadanas, luego fue derivando hacia meros intereses particulares, que no otra cosa son los de partido.

Ahí está el quid. Desde un punto de vista estrictamente democrático resulta difícil confiar en el corporativismo de los jueces y en la sesgada visión de la realidad que aún conserva el colectivo. El problema se ha agravado decisivamente por el deterioro de la acción política, que ha generado una desconfianza aún más grave que la otra.

Dicho lo anterior, el debate que se ha suscitado en estos días tiene todo el sentido. La Carta abierta a la carrera judicial suscrita por el magistrado Segundo Menéndez responde a principios lógicos. El esperpento del intercambio de puestos que se ha desarrollado en los últimos decenios en CGPJ sonroja –quizás un poco menos que el fiscal vallisoletano–. La elección del presidente del Consejo y el Supremo antes del nombramiento de quienes legalmente deberán elegirlos es un disparate tan evidente, por lo menos, como el acta con la doble firma del Ayuntamiento.

En esa tesitura, ¿cuál es la solución? ¿Encontrar una nueva fórmula que relegue a la ciudadanía y a sus mediadores o depurar a estos? Con lo que ahora sabemos tal vez no haya otra salida más neutral que elegir a los jueces y a los legisladores… por turno, como se reparten muchos casos en los juzgados.

O por sorteo. ¿Tendría más riesgo? De hecho, se mira el caso estadounidense y se comprueba que su Tribunal Supremo se decanta de una u otra manera en función de la longevidad de los electos. Puro azar.

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