El ejercicio de la política está cargado de lugares comunes que, de tanto repetirlos, no solo se reconocen como la norma a la que debe atenerse la actividad pública sino también como el referente de los criterios o los procedimientos inherentes al sistema democrático. La confusión de estos conceptos lastra de manera irreparable la política, porque unos utilizan esas fórmulas para fijar lo democráticamente adecuado y otros incluso para justificar sus propias tropelías (“la política es así”, dicen).

De ese modo, el valor de la seducción, del engaño y también de la mentira forma parte de esos lugares comunes. Forman parte de la política, “todos lo hacen”. Matthew d’Ancona ya señaló, por ejemplo, que “mentir ha sido parte integral de la política desde que los humanos se organizaron en tribus”. Y Hanna Arendt corroboró que “la mentira siempre ha sido vista como una herramienta necesaria y justificable para la actividad no solo de los políticos y demagogos, sino también del hombre de Estado”.

Maquiavelo escrutó los comportamientos que conducen al éxito de El Príncipe, pero buena parte de sus lectores convirtieron su análisis en un canon de eficacia, de obligado cumplimiento para cualquier gobernante que aspire a acceder o a mantenerse en el puesto. La advertencia se convirtió en dogma.

Cada vez que se esgrimen los criterios de eficiencia de la acción política, obviando su fundamento ético o virtuoso, se pone en cuestión, casi siempre sin saberlo, el valor e incluso el sentido auténtico de la política.

Ocurre a cada rato. A quien osa apartarse de esa norma se le descalifica (“no tienes ni idea de lo que es la política”) y así se acaba con el pudor y la decencia. La desvergüenza tiene todo el campo libre por delante.

La mentira se ha instalado en la convivencia hasta el punto de parecer políticamente correcta. Los dirigentes políticos y, con frecuencia, los aparatos ideológicos o intelectuales adscritos a las élites gobernantes han respaldado y tolerado mensajes del poder de “veracidad dudosa, donde la intencionalidad era manifiesta y la media verdad prosperaba como verdad entera”. De ese modo, como añade Domingo Ródenas de Moya, “la verdad es sospechosa de haber sido configurada, promovida, manipulada y usufructuada por el poder”.

En ese contexto resulta evidente e imperioso reconocer que “la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos” (Arendt). Pero eso requiere un estado de vigilancia permanente, porque “cuando el embustero no puede imponer su mentira dice que es su opinión” para “borrar la divisoria entre verdad de hecho y la opinión”, lo que no deja de ser “una forma de mentira”.

Ya en 1920 Walter Lippmann publicó Liberty and the News con el que trataba de impulsar un periodismo más independiente del poder y más próximo al rigor del método científico. Decía: “No podemos luchar contra las mentiras que nos envuelven paseando nuestras opiniones, porque las opiniones verdaderas solo pueden prevalecer si se conocen los hechos a las que se refieren. Si no se conocen, las ideas falsas son tan efectivas como las verdaderas, si no más”.

No caben fórmulas ambiguas. El pensamiento crítico tiene que reclamar datos y hechos ante que opiniones. Y el periodismo ya no solo está obligado a ofrecerlos sino también a refutar implacablemente las medias verdades; vengan de donde vengan: de un político, de un catedrático o de otro medio de comunicación. Así, pues, hacen falta kamikazes.

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