Viniendo de donde venimos, cualquier actuación policial que acarree la muerte violenta de una persona, sea delincuente in fraganti, sospechoso inequívoco de un acto criminal o presunto colaborador necesario el debería exigir una investigación acerca del comportamiento de los representantes del Estado. No porque haya que sospechar de sus actuaciones, y menos aún alimentar tales recelos, sino porque los ciudadanos tienen derecho a comprobar que la fuerza del poder solo se utiliza en beneficio del interés general y en casos de extrema necesidad. Solo así se puede legitimar la violencia del Estado y sólo así la sociedad puede confiar en los instrumentos intimidatorios encomendados a los responsables públicos. ¿O no?

Parece que no. La actuación de los Mossos d’Escuadra tras la muerte de, al menos, cinco presuntos autores de los atentados de La Rambla barcelonesa y de Cambrils, en los que ya han muerto dieciséis personas absolutamente inocentes, se ha sometido al escrutinio del silencio y, aun peor, al reconocimiento unánime de su generosidad, su valentía y abnegación.

La Generalitat de Catalunya, de derechas con el con sentimiento de la CUP, les concede honores; el Ajuntament de Barcelona, de izquierdas, los coloca al frente de la manifestación contra el terrorismo. Mejor no recordar épocas pasadas; de la dictadura e incluso de la democracia. Y la sociedad aplaude. Entonces y ahora.

Por el momento ya sabemos que entre los homenajeados se incluye a algunos torpes que no las vieron venir. Pero ese es otro tema. Porque torpes también podemos ser los que reclamamos el implacable control del uso de la violencia del Estado. Torpes, sí; mas no a conciencia.

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