La sentencia de la audiencia de Mallorca que exculpa a la infanta Cristina huele a chamusquina. O sea, fatal. Pero más vale aguantar. Antes de lanzarse a la crítica, que ha existido, hay que tentarse la ropa, so pena de atentar –o eso dicen– contra el mantra del estado de derecho que protege la verdad de la justicia como algo ajeno a lo que muchas veces el común de los mortales entiende simplemente por verdad. O sea, que la justicia tiene intérpretes, que no funciona de manera inequívoca, que en ella no rigen las matemáticas, que en este ámbito dos y dos pueden no ser cuatro, que aquí los números son líquidos y los resultados de las operaciones, gaseosos.

Algún día se reivindicará una justicia en la que algoritmos predeterminados establezcan las sentencias, en la que el fallo se genere a través de un proceso automático que valore los hechos, las circunstancias, las concomitancias, los antecedentes, los consecuentes y todo lo que sea menester. Los jueces rellenarán cuestionarios y las computadoras tomarán decisiones. Podría ser así. Se evitarían líos como el que viene al caso. Las críticas tendrían un destinatario sordo y mudo, la máquina. Y las discrepancias habría que limitarlas a las marcas establecidas en las casillas del formulario.

De ese modo, al menos, se podría conseguir que no solo la ley sea igual para todos sino que también lo sea la justicia; que el amor conyugal no sea sinónimo de estupidez; que la tontuna no se convierta en eximente de responsabilidades; que las mujeres no se vean insultadas por algunas de su mismo género para proclamar su inocencia. De este modo, se podría utilizar la moviola para revisar las casillas, el cuestionario, siempre más fácil de discutir que la sentencia.

¿Una estupidez? Seguro.

Véase lo ocurrido. Atiéndase, por ejemplo, el técnico y aséptico análisis de la sentencia-madre de Ángeles Jarreño, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, que explica en El País que “la sección primera de la Audiencia de Palma se ha mantenido al margen de la ejemplaridad punitiva que han buscado recientes decisiones de otros tribunales cuando se trata de corrupción pública y, en casos, por similares delitos” y al margen “de otras decisiones de ese mismo órgano (adoptadas por otros magistrados) que mostraron mucho rigor punitivo en el caso de denegación de beneficios penológicos y penitenciarios”.

¿Por qué el cambio de criterios en este caso? ¿Y a partir de ahora, qué? Porque ahí puede radicar lo peor de esta sentencia: que extienda la permisividad o la impunidad. Lo explica la misma catedrática: “Entre los letrados defensores de procedimientos similares (blanqueo de capitales y malversación) existía mucha expectativa por esta resolución, a la espera, se dice, de que el Ministerio Publico en el futuro aplique la misma doctrina exculpatoria para las parejas de los encausados en esta clases de delitos económicos”.

El procedimiento del algoritmo es estúpido. ¿Y el otro, sobre todo cuando llegan las situaciones críticas, aquellas en las que actúa bajo presión? El algorritmo solo pretende resaltar, ad absurdum, la percepción de una legalidad corrupta y, en consecuencia, de un estado sin derecho. Que es por donde andan los que no aceptan el mantra que impide la crítica.

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