Se le ocurrió decir en plena nochebuena, aun a sabiendas de que era mentira, que “todos los españoles somos iguales ante la ley”. Y tal vez porque hubo algún incauto que lo  creyó, ahora estamos en… “¡sabe dios!”. O en “¡madre mía…!”.

Si la sociedad entera le hubiera creído en su momento, y no solo algún incauto por su exclusiva cuenta, hace tiempo que nos habríamos echado en tropel a los tribunales o a la calle  hasta alcanzar un estado próximo al “¡rediós!”. No es cosa de desesperar, aún estamos a tiempo de alcanzarlo. De hecho, cada día que pasa se antoja más necesario e incluso irremediable. Ahora o nunca.

La ley, si ese término puede identificarse con justicia, no ha sido ni es igual para todos. Para empezar, porque al rey no le afecta. O eso se dice, aunque un amigo, jurista, asegura que su inviolabilidad constitucional solo es aplicable a las actividades propias de su cargo; en cuyo caso, más valdría que determinadas actividades y conductas no fueran propias de su cargo y, en consecuencia, que se acabara de una vez y para siempre esa idea de inviolabilidad genérica o abstracta. Porque mientras no sea así, habrá que considerarlas como propias de sus obligaciones.

Esa es la cuestión central. Si no se corresponden con el adn del oficio regio, ¿por qué razón Matas, Camps, Barberá, todos los donantes de Noos e incluso cuantos en su día decidieron regalar a su majestad un nuevo barco pensaban lo contrario? “Llamando quien llamaba a la puerta, cómo no recibirle”; “viniendo de quien venía la propuesta, cómo no atenderla”…. Y así sucesivamente hasta el, cabe suponer, “¿qué había de extraño en la iniciativa?” o “¿qué tiene de raro?”.

O sea, purita lógica. En vez de aplicar la puerta contra las narices del intruso, de denunciar ante la patria potestad el desatino, o de preguntar, al menos, si existía un designio divino para el choriceo, se daba por supuesto que este, el choriceo, formaba parte de la lógica de las cosas y de la familia. Bien es cierto que unos próceres tienen más tendencia a esta manera de pensar que algunos ciudadanos extraviados.

Matas, Camps y todos los donantes de Noos, tal vez, tengan acreditados sus ímprobos esfuerzos en favor de su propio patrimonio, no el de su generosidad. Por eso cabe sospechar que su rumbosa actitud con el yerno y sus socios cumpliera un efecto tapadera (de sus propios asuntos turbios) o, mejor, el de eficaz compactadora de  podredumbre: la acumulación de mierda añade pestilencia pero disimula la identificación de los hedores: fermentan, invaden el espacio y confunden. Sólo queda acostumbrarse.

Con mucha frecuencia, ante alguno de los casos de corrupción que saltan a la luz a cada rato, se esgrime una justificación: “se creían impunes”. Y en muchas ocasiones se ha demostrado que no solo confiaban en su propia impunidad sino que también podían conseguirla. El PP ha demostrado con múltiples ejemplos que la dilatación de los procesos, la acumulación de imputados y de cargas, las tretas judiciales, el descrédito de profesionales e incluso instituciones, el manejo y la influencia sobre los órganos de poder, el filibusterismo y otras habilidades han zanjado asuntos merecedores del desprecio moral y, por supuesto, del legal, aunque fueran sobreseídos o declarados prescritos.

No son los únicos, pero sí resultan ejemplares, porque han sido capaces de crear una maquinaria potentísima, basada en la legalidad, a favor de la ilegalidad. ¿Qué otra cosa es la protección hasta la absolución de quienes han delinquido y hacer pasar la fullería como aval de la decencia?

Esa es una parte de la desigualdad ante la justicia, como lo es la diferencia de medios y recursos con la que afrontan cualquier proceso los desahuciados con relación a los bancos, los defraudadores de cuello blanco respecto de los parados a los que se acusa de haber cobrado una chapuza. Pero también lo es, y de manera incuestionable, cuando la desigualdad es ley.

Ese es el caso del rey y, por ende, de su familia y allegados, salvo que el propio monarca se convierta en garante de la igualdad de todos; es decir, en denunciante activo de quienes actúan a su cobijo. ¿Quiere esto decir que el rey ha participado en asuntos oscuros? Los rumores, las sospechas, los cotilleos de patio de vecinos no aportan documentos ni testimonios fidedignos, ni siquiera correos electrónicos que quepa interpretar como indicios. Dejémoslo así. No hay acusación por todo eso, sencillamente porque no puede haberla, porque sería desestimada de raíz, y porque en estos casos se ha consagrado esa fórmula democrática que dice que solo el juez puede dictaminar la existencia de delito y que no hay corrupción sin delito; es decir, sin juez.

Los ciudadanos tenemos otra lógica. Si todo lo que sabemos ha ocurrido, si todo lo que ha escrito el juez, pese a todas sus cautelas, permite obtener una opinión, aunque no una sentencia condenatoria, ¿alguien puede creer que todo esto no estaría completamente claro si no hubiera existido ocultación, inacción; consentimiento, en definitiva?

Ya no vale pedir perdón como un niño castigado sin postre. Nunca valió. Menos ahora..

Entonces, ¿cabe otra solución que no sea la del “¡rediós!”?

Sinceramente no creo. ¿O sí?

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