Primero fueron las críticas al PP, al PSOE y a Podemos a propósito del reparto de los puestos en el CGPJ. No faltaban razones porque, como mínimo, el procedimiento seguido, aunque no nuevo, resultaba incoherente. Y estaba feo. Nombrar al presidente del consejo y del Supremo antes de conocer el nombre de quienes deberían elegirlo tenía todos los visos de un cambalache. Si en el quilombo se unen los poderes ejecutivo y judicial, peor. Explicar con esos avales la separación entre ambas instancias poderosas se tornaba una tarea, más que ardua, imposible.

Y sin embargo, ¿hay alguna fórmula inapelable o mejor?

Alrededor de la mitad de los jueces y fiscales están integrados en asociaciones profesionales más o menos cercanas a unas u otras posiciones ideológicas. La otra mitad está al margen de asociaciones y adscripciones públicas. ¿Cómo proponen que se desarrolle el proceso electoral los segregacionistas: esto es, quienes defienden que el cuerpo electoral para designar los cargos CGPJ y el Supremo solo esté constituido por jueces y fiscales de carrera y ejercicio?

Habría que resolver las diferentes oportunidades de los candidatos de las asociaciones y los supuestamente independientes. Y en todo caso habría que superar el riesgo de unos procesos inspirados en los hábitos de la política. ¿Debería haber una campaña electoral previa? ¿No llevarían esos procedimientos a una interiorización de las prácticas de la contraparte? ¿No abocaría a una contienda y a una división irreconciliable con el crédito que se debe a la institución judicial? ¿Puede alguien garantizar que con esta fórmula los máximos representantes del Poder Judicial responderían a lo que la sociedad debe exigirles?

Sin embargo, todo lo anterior puede resultar anecdótico frente a otra cuestión mucho más relevante. Cualquier fórmula debería estar orientada al servicio de la ciudadanía y ser respetuosa con la lógica de la democracia e incluso del sistema democrático. La elección corporativa de un servicio o poder fundamental parece contraria a aquellos planteamientos.

¿Deberían ser los ciudadanos quienes eligieran a los más altos cargos policiales? ¿Se puede descartar esa posibilidad en función de las peculiaridades técnica, cuasi insondables, de la judicatura? ¿Acaso no las tiene también el poder político? Bueno, pues si esa no parece una fórmula adecuada, ¿existe alguna instancia más representativa para sancionar y legitimar en última instancia cualquier institución que la de quienes fueron elegidos libremente por los ciudadanos?

Esa duda llevó al procedimiento hasta ahora vigente, similar a los que rigen en otros muchos países; y en algunos aspectos, con normas mucho más radicales (EE.UU., por ejemplo) que las españolas. ¿Entonces, qué ha asado?

En primer lugar, que la fórmula vigente rechina. Y que removidas las bisagras sin engrase, prudencia y descanso el portón chirría más que en una película de miedo. El problema radica, más que en la propia puerta que comunica a quienes están a uno y otro lado de los poderes del Estado, en los que adulteran los goznes o tratan de derribar la cancela con las patas.

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