El Tribunal Supremo se plegó a los intereses bancarios y el presidente del Gobierno (él dio la cara, aunque este tipo de cosas tienen aroma de ciertas asesorías) sacó la chistera y dentro de ella apareció un conejo (o tal vez, un ratón): un decreto ley que se aprobará mañana y que. según dicen, obligará a las entidades bancarias a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados aplicable a las hipotecas y eximirá del mismo a los hipotecados. Los mercados no han reaccionado. Los bancos tampoco. No hay dudas: los costes en cuestión repercutirán en los tipos hipotecarios y se acabará el problema.

Se sabía desde el principio (salvo que este lagar sea el cobijo de auténticos lumbreras) que los bancos no iban ser los damnificados fuera cual fuera la salida. La medida anunciada por el Gobierno tiene los visos de un nuevo brindis al sol, un gesto de bonhomía e ineficacia.

Para entendernos:

La decisión del Supremo premió a los bancos y castigó a quienes se hipotecaron en los últimos cuatro años (plazo de prescripción de los tributos). Para estos últimos el sueño se ha desvanecido sin remedio. Y todos hemos aprendido dónde estamos.

La sentencia del Supremo beneficia a las entidades bancarias. No solo. También a las Comunidades autónomas que, según la ministra de Hacienda, habrían tenido que devolver 5.000 millones de euros a los ciudadanos y, de ese modo, el déficit del Estado se habría incrementado en 0,4% o 0,5% puntos, con los consiguientes problemas de financiación para algunos servicios… a la espera de que los bancos devolvieran tales cantidades. Sabe Dios cuando.

Además, la sentencia beneficia a quienes quieran y puedan hipotecarse a partir de ahora. ¿Lo dudan? Salvo nuevas injerencias, esas personas podrán mantener las condiciones hipotecarias vigentes, porque, de haber requerido  los 5.000 millones a los bancos, las hipotecas habrían experimentado una evolución perfectamente previsible y el supuesto ahorro del impuesto habría durado menos que el archirrelamido caramelo en el colegio. ¿O alguien cree que aquellas decisiones iban a mermar los beneficios bancarios?

Prr el contrario, ¿a quién beneficia el decreto ley del Gobierno? A nadie. Los bancos trasladarán los costes del impuesto a los suscriptores de las hipotecas. Por las buenas (pactándolo en la escritura, por ejemplo) o por las malas (subiendo los tipos o lo que puedan).

Puede parecer que estos comentarios pertenecen al género de ciencia ficción. ¿O al de lo obvio?

El decreto ley del Gobierno no va devolver un solo euro a los hipotecados durante los últimos cuatro años. La ley no puede tener efectos retroactivos. Y por las mismas tampoco va a ahorrar un duro a los futuros hipotecados. Los bancos aprietan a sus deudores por todas las partes. Incluidas las suyas.

Las cosas están así, salvo en los sueños. Los juegos de manos tienen truco. Pero la habilidad del ilusionista pretende dejarte con la boca abierta. ¿Es esa la finalidad del decreto ley? Con tantas prisas y tan liviano contenido, cabe temerlo.

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