La realidad es cruda y las respuestas simples solo conducen a engaño. Los pensionistas tienen todo el derecho a reclamar una retribución digna, pero no tanto como contribuyentes del sistema, sino por el hecho de ser ciudadanos. Por el contrario, los responsables públicos, incluidos los representantes sindicales, están obligados a plantear a la sociedad la complejidad del problema y la repercusión de las medidas que se adopten en otros sectores y otros ámbitos. Lo demás es fraude o, al menos, trampa.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, ha puesto la alarma en medio del debate que mantiene el propio Gobierno –Economía frente a Trabajo, por ejemplo– o las proclamas que se lanzan desde determinados grupos, ya sean partidarias de congelar o de aumentar la cuantía de lo que en la actualidad perciben los pensionistas.

Por decirlo deprisa: si las pensiones públicas se regularan con los mismos criterios que las privadas, a estas alturas el sistema estatal habría quebrado o estaría en vísperas de quiebra (salvedad necesaria porque, junto a su evolución natural, el sistema –más en concreto, el Fondo de Reserva– ha sufrido evidentes tropelías durante el reciente Gobierno de Rajoy.

Quede claro que el derecho a una remuneración básica razonable es irrenunciable y que eso implica una subida de las pensiones más bajas, pero esa conclusión no está en la lógica del sistema actual. Este se basa en el derecho generado por los pensionistas a través de sus aportaciones a lo largo de su vida laboral. Por tanto, la Seguridad Social solo debería ser responsable de las pensiones de quienes aportaron parte de su retribución salarial durante su vida laboral, y asegurar la proporcionalidad de las mismas respecto a las contribuciones realizadas.

Sin embargo, el azar o la necesidad han introducido distorsiones dignas de consideración. En algunos momentos el Gobierno ha cargado a la Seguridad Social el coste de otro tipo de pensiones no sustentadas en las aportaciones de los trabajadores, sino de carácter asistencial, destinadas a personas que en su día no contribuyeron –o no lo hicieron de manera suficiente– al sistema. Y en los últimos años, para colmo, el Gobierno de Rajoy sustrajo del Fondo de Pensiones –el remanente que permitía prever momentos con déficit, con más gastos que ingresos– decenas de miles de millones de euros para equilibrar otras partidas presupuestarias completamente ajenas a la razón de ser de dicho fondo. O sea, la crisis actual también obedece a trampas cometidas en detrimento del sistema público.

No obstante, una vez metidos en la vorágine de desmantelamiento de los ahorros anteriores, el Gobierno –también es cierto– ha acudido a préstamos para hacer frente al pago, sobre todo, de las pagas extraordinarias de los pensionistas.

Este desbarajuste sobrevenido no evita una realidad en ciernes inquietante. Las expectativas de vida han crecido y los pensionistas, por tanto, lo son cada vez durante más tiempo. El número de pensionistas se ha elevado de manera extraordinaria al mismo tiempo que ha descendido el de los contribuyentes al sistema por la caída del empleo. Por cada pensionista que cobra solo hay dos trabajadores que pagan. Con esa dinámica el mantenimiento de las pensiones parece insostenible, máxime con unos salarios a la baja y, por tanto, unas cotizaciones en caída. La próxima llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación ahondará aún más ese desajuste.

No hay manera de sobrevivir sin una reforma muy profunda del sistema. Y esa reforma requiere nuevos ingresos. Sin ellos la viabilidad del sistema de pensiones está cegada y, para empezar, los incrementos y hasta las revalorizaciones automáticas según el IPC carecen de sentido. Este planteamiento es ya un lugar común. Todo el mundo lo sabe. Tal vez, menos algunos representantes de los pensionistas cuando se expresan en público. Y algunos representantes políticos cada vez desprecian a la ciudadanía en aras de promesas sin sustento.

Hablar de revalorizar las pensiones sin plantear el modo de conseguir nuevos ingresos carece de sentido; es irreal, meramente demagógico. Y cuando toca hablar de ingresos, ya sea a través de impuestos o cualquier otra opción, a muchos ciudadanos y a algunos partidos políticos les dan ataques de urticaria. Y quienes no sufren tales achaques también tienen que rascarse la cabeza para encontrar fórmulas que no acaben perjudicando a los propios pensionistas, aparte de a todos los trabajadores en general. En la sociedad en que vivimos los márgenes reales de maniobra para generar nuevos ingresos con destino a las arcas públicas es escaso y está lleno de añagazas. Y sin embargo, son imprescindibles.

Por eso más vale no enconar el asunto y someterlo, de verdad, a un debate honesto y público. Todo lo demás será mera demagogia.

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