El contrato de Íñigo Errejón con la Universidad de Málaga, aunque fuera pecata minuta,  servía para armar bulla a los interesados en desprestigiar a Podemos y relacionar a la formación emersgente con los casos de corrupción que resuenan por doquier del espectro político.

La participación de Tania Sánchez en la aprobación de una concesión del Ayuntamiento de Rivas a la cooperativa de su  hermano radicada en el domicilio de su padre podía carecer de eficacia real, pero ofendía el respeto a la legalidad.

Los honorarios que varios gobiernos latinoamericanos abonaron al gurú Monedero ponían en tela de juicio sus convicciones izquierdistas y el procedimiento de cobro, con irregularidades indudables.

Si se trata de asuntos menores o mayores apenas importa tras la defensa febril del líder máximo, Pablo Iglesias, acerca de la legalidad, en primer lugar, e incluso del altruismo y la generosidad de sus amigos con Hacienda, la Universidad o el Ayuntamiento; para colmo, llegó a decir que les atacaban a ellos para atacarle a él. O sea, él mismo se encargo de convertir la posible anécdota en categoría.

Si en el contrato de Errejón había cláusulas no cumplidas por su parte, si en la actuación de Tania Sánchez se contravenía la legislación vigente, si las declaraciones fiscales de Monedero se hicieron a destiempo y mal, mejor sería explicarlo sin ambages; y purgarlo. Hizo lo contrario: se escondió como hacen habitualmente los de la calaña de la casta. La negativa a las explicaciones, flagrantes en el caso de Monedero, agravan la quemadura de su jefe, que colocó más que las manos en el fuego.

Ni se justifica el comportamiento de Podemos con relación a sus dirigentes, a los que ni siquiera ha propinado una colleja, ni el de los medios de comunicación favorables a esta formación que han ocultado de forma inexplicable estos casos que, por el contrario, removían las interioridades tuiteras de los círculos.

El caso de Monedero requiere aclaraciones que tal vez puedan aliviar el inicial repudio popular, pero la desaparición del implicado de los medios de comunicación, las explicaciones confusas y la defensa gremial de sus compinches de Panda directiva agravan unas sospechas cada día más asentadas en las certidumbres de la calle. Y, sobre todo, confirman que la casta va más allá del logotipo del carné.

¿Alguien metió la pata? ¿Alguien metió la mano? ¿Podemos saberlo?

Hay otros asuntos, y quizá algunos de ellos más grave aún que los señalados. ¿El Estado actuó contra el dirigente de Podemos por una decisión exclusivamente política, la de descalificar al adversario? La rapidez del proceso, su filtración e incluso el método seguido para su notificación lo sugieren o lo confirman, según desde donde se mire. ¿Se puede soportar la venganza del Estado contra el discrepante? ¿Tiene legitimidad un Estado así?

Última cuestión, por el momento: ¿Se puede exigir desde un sistema democrático a los dirigentes políticos unos principios éticos que no estén marcados por la estricta legalidad? Lo bonito o lo feo, lo edificante o lo repudiable, lo digno o lo indigno en un régimen republicano o laico se concretan en lo legal y lo ilegal o, a lo sumo, en los valores o contravalores a los que la ley remite. Lo demás puede y debe ser motivo de debate, pero no norma de actuación política. Sin que eso signifique que solo los jueces pueden discernir sobre lo políticamente aceptable o inaceptable, conveniente o inadecuado.

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.