Si solo se trata de una cuestión legal, el Gobierno está legitimado para aplicar el artículo 155 de la Constitución desde hace tiempo. Desde el 6 o el 7 de septiembre como mínimo. La aprobación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad por el Parlament de Catalunya, aparte de la convocatoria de la consulta por el Govern, suponían un ataque al Estado lo suficientemente grave como para provocar una reacción enérgica del Gobierno secundado por el Parlamento español. Sea cual fuere la calificación de aquellos actos, si golpe de Estado o golpe al Estado, el desafuero reclamaba medidas. ¿O conviene mantener por algún motivo la ficción?

Mas, si no se trata solo de una cuestión legal, sino también de un asunto político y, sobre todo, social, existen muchos motivos para discrepar. Recuperar la convivencia, la confianza en las instituciones, alguna ilusión en el futuro… no se consigue a martillazos, alimentando la tensión y el miedo, exhibiendo mucho músculo y aún mayor deslealtad. Por ese motivo la aplicación del artículo 155 de la Constitución podría haber esperado.

En la segunda carta del president Puigdemont en respuesta a la segunda misiva del presidente Rajoy se ponía de manifiesto, a la vista de todos, el absurdo de la primera correspondencia. El president empezaba desafiante (“El pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de electores”) para terminar reconociendo a hurtadillas, de tapadillo, que no había proclamado la independencia mediante una frase subordinada que disimulaba su cobardía y el despropósito de su proclama.

La incongruencia se encarnó y el Gobierno sacó el argumentario que guardaba en el cajón para el día H, sin pararse a pensar si esa era realmente la fecha adecuada. Pudo leer e interpretar con mayor detenimiento el reculaje del president, atenerse a la afirmación oculta en el retruécano y reclamar por tercera vez si, confirmada la no declaración de la independencia, había que colegir que nada de lo acaecido resultaba legal y perdurable y en definitiva si todo lo alentado hasta entonces por el independentismo había sido no más que una patraña. Dicha en lenguaje diplomático, la respuesta a la provocación añadiría otro plazo, desenmascararía el escondite y alentaría el encono ya latente en las filas secesionistas.

El Gobierno aceleró la máquina y apretó el 155. El Govern dudó ante el abismo, escudándose en frases más rotundas que creíbles. La amenaza de Rajoy quebró la convicción de los menos belicosos de su cuerda y alentó a los extremos del bando rival. La sociedad, enmarañada en este ejercicio de amenazas a su costa, se enrocó en la desesperación del enfrentamiento y la incertidumbre.

Nada puede darse por cierto. Nadie sabe qué hay detrás de este pulso que dirimen representantes de unas sectas con vocación canalla. Llegados a este punto el hastío y la indignación ciudadanos reclaman un basta ya. Se puede entender así a los que reclaman el orden, la legalidad, la unidad. No hay quien aguante por más tiempo esta burla y estos modales.

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