La sentencia de La manada ha desbordado lo previsible. La dinámica del 8M ha multiplicado la reacción tras una decisión judicial como otras tantas a lo largo de los tiempos. ¿Qué ha ocurrido? Muchos advierten una toma de posición más clara y contundente ante los derechos de la mujer en amplios sectores de la sociedad. Pueden tener razón, aunque quizás no deba descartarse que esa realidad esconda pretensiones espurias bajo esa apariencia deseable.

Las decisiones judiciales tienen una lógica demasiadas veces ajena a la que impera en la vida real. El concepto de intimidación que avala la sentencia de La manada difiere sustancialmente del que recoge la Real Academia de la Lengua. El lenguaje legal se basa en la jurisprudencia; el que solemos utilizar para entendernos, en la vida cotidiana, en la memoria y en las calles. Ese desacuerdo entre ambas instancias se produce con frecuencia. Aún colea la distinta percepción de lo que cabe considerar como violencia en una argumentación judicial y en la pura y dura convivencia.

No, no se trata de una cuestión lingüística sino de sentido y sensibilidad. Pese a la indolencia y la costumbre, el ritmo de la calle es bastante más ágil y permeable que el de la judicatura. Aún así, este caso obliga a reconsiderar cualquier manera de entender las relaciones entre hombres y mujeres basada en la lógica supremacista del género masculino.

Y sin embargo… la referida sentencia de La manada reclama decisiones importantes. Por ejemplo, la revisión de la legislación desde una perspectiva de género. Pero no tanto para modificar lo que parece esencial como para interpretar los textos con una lectura más acorde a la realidad que reclaman los ciudadanos. Lo han expuesto algunos especialistas. Soledad Gallego–­Díaz lo explicaba en Un caos normativo, incomprensible y confuso: “El problema respecto a la sentencia de La Manada no es la pena que impone a los miembros de ese grupo (nueve años de cárcel no es algo menospreciable, si se cumplen). El problema es la confusión que introduce: la joven no dio su consentimiento para los hechos que declara probados el propio tribunal, pero no existió violación, sino abusos, porque no existió intimidación ni violencia”. Esa paradoja solo cabe resolverla desde un principio elemental: “Cualquier acto sexual no consentido expresamente implica intimidación o violencia por parte de quien lo impone. Punto”.

Y luego, coma. Junto a lo importante, lo urgente: el problema extremo que provoca el voto particular de uno de los tres magistrados, el que absuelve a los cinco encausados. Alguien que defiende criterios como los que él expresa no puede ejercer esa función. Pero no por razones psicológicas sino por la imprescindible neutralidad ideológica: un juez no puede anteponer su propia manera de pensar a la ley; sus principios y valores no pueden estar al margen o en contra de los que la sociedad propugna. Con algunos de los muchos principios que invoca en su escrito no cabe administrar justicia; al menos, en casos similares a los de La manada y en una sociedad decidida a abolir la hegemonía masculina y su relato. Sí, el Consejo General del Poder Judicial debe darse por aludido.

Así parecía hasta que llegó el ministro de Justicia, tan proclive a meter la pata, cuando arguyó no sé sabe qué precedentes del magistrado. No era su competencia ni la actitud deseable. La confusión solo alimenta el descrédito de las instituciones, unas y otras; incluso el de la propia sociedad. La portavoz del PSOE, magistrada ella y miembro del CGPJ años atrás, pareció sumarse a la vía ministerial del no se sabe. Pero sí se sabía: los argumentos del voto particular rezuman criterios repudiables que, en absoluto, pueden orientar la convivencia democrática. Y eso obliga a adoptar medidas que van más allá de la rectificación de la sentencia emitida.

Soledad Gallego–Díaz cerraba el artículo ya aludido con una cita de un antiguo compañero y experto en tribunales: “Quizás haya que recordar aquello que escribió Bonifacio de la Cuadra: ‘Probablemente sean menos preocupantes las conductas judiciales que sentencian a base de ripios que aquellas otras que cumplen los formalismos externos, pero que en realidad responden a una anomalía mental (…)”. Esa era el caso del que el señor Catalá nos distrajo con su injerencia y su interferencia.

Hay más. La admirable reacción ciudadana, mayoritariamente de mujeres, se ha extendido a ámbitos y recintos tan sorprendentes, por su tendencia a la testosterona, como algún estadio de futbol. Baste recordar los insultos proferidos por una parte del viejo Heliópolis contra la mujer del jugador acusado de malos tratos. Pero conviene no sumar peras y manzanas. Cabe la posibilidad de que también algunos falsos amigos se sumen a la actual confusión. ¿La reacción de El Sadar se dirigía, por ejemplo, a todos los violadores, incluidos los pamplonicas y sanfermineros, o solo a los de La manada, andaluces y con elementos vinculados a las fuerzas de la seguridad? ¡Ojo!

Sobre El Autor

Artículos Relacionados

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.