Agosto es propicio a las serpientes de verano. Pero Agosto es también propicio a decisiones duras que se esconden entre viajes, fiestas, remojones, juegos olímpicos y otras distracciones vacacionales. Y eso obliga a afinar el catalejo.

RTVE se encuentra poco menos que en quiebra. La Comisión Nacional del Mercado de Valores lanzó la alerta. La ratificó, días más tarde, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, nada menos que la SEPI, el accionista único de la televisión pública e instrumento del ministerio de Hacienda.

¿A dónde se dirigen estas advertencias? Que lo digan alto y claro. ¿A acabar con la televisión pública? Acaso.

Algún medio ya se ha lanzado al ruedo, a añadir elementos a la confusión. Si el problema no se aborda con claridad, y en eso estamos, la suerte parece echada. La cuenta atrás ha comenzado.

El modelo de RTVE está en crisis, se dice, y se señala la situación financiera, la irrelevancia de la oferta digital y la audiencia de los canales de televisión, en comparación con la boyante situación de las cadenas privadas competidoras en cada uno de los aspectos anteriores. La comparación sonroja, no tanto por sus resultados como por su planteamiento. Porque, siendo cierto todo lo anterior, el problema corresponde a otro ámbito en el que las comparaciones requieren múltiples matices..

En serio. ¿Hace falta una televisión pública? ¿Para qué y cómo? ¿Cuántos medios requiere? ¿De qué manera se aportan? ¿Cómo se gestionan? ¿Con qué objetivos?

No cabe otra salida: si la sociedad española necesita y merece una televisión publica, el Estado está obligado a sufragarla una vez fijados sus objetivos y sus criterios de funcionamiento.

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  1. A RTVE se le ha hurtado una financiación adecuada y suficiente.

Desde la retirada de la publicidad, RTVE ha ido económicamente de mal en peor. No, el problema empezó antes. La ley vigente de 2006 esquivó esa cuestión y mantuvo una estructura y unos criterios condescendientes con el pasado. RTVE es un grupo cargado de ineficiencias, de excesos de plantilla y ayuno de instrumentos para alcanzar el rigor de la gestión; no existe sentido de empresa, porque, en alguna medida. en este país la empresa pública es una especie de oxímoron: lo que el sustantivo afirma, el adjetivo lo niega.

Los presupuestos empezaron a incumplirse al segundo año después de la ley, porque el Gobierno de entonces retiró una aportación que se había comprometido a realizar. Al tercero, la crisis había arruinado las previsiones de los ingresos publicitarios. En ese contexto, que afectaba también a las privadas, el susodicho gobierno decidió regalar a éstas el trozo del pastel publicitario del que disfrutaba RTVE y, en contrapartida, trazó unas líneas de financiación para la pública que la Comisión Europea validó años más tarde a regañadientes, aunque eso no impidió que las televisiones privadas y los operadores de telefonía racanearan y manipularan año tras año sus obligaciones. Entre estos incumplimientos y, sobre todo, la actitud de Hacienda el futuro de la televisión pública quedó marcado. Sólo cabía la inanición o el suicidio.

O sea, el Gobierno de entonces no quiso asumir su compromiso de financiación y busco subterfugios. Entre otros, con sucedáneos de publicidad por la vía espuria de unos patrocinios vergonzantes. Sin embargo, gracias a los nuevos mecanismos, RTVE sobrevivió a trancas y barrancas, porque, con publicidad, hubiera sido peor; sus ingresos reales habrían descendido mucho más.

Volver al sistema anterior a 2010 (que casi el 50% de los ingresos dependiera de la publicidad) equivaldría a poner a la televisión pública a los pies de los caballos.

Resulta curioso, por ejemplo, que ningún dirigente de RTVE haya sido cesado por haber incurrido en déficits; es decir, por haber llevado a la empresa a la actual bancarrota. ¿Tal vez porque lo que se les reclamaba era otra cosa? ¿Acaso la cuestión economía, en el fondo, no era más que un instrumento de desgaste del modelo, y en consecuencia un objetivo prioritario en el afán de exterminar a RTVE a hurtadillas?

Cuando los informes citados al inicio se refieren al funcionamiento “ejemplar” de la BBC o las ZDF y la ARD alemanas se esconde que su financiación multiplica por cuatro o por seis la de RTVE. La española tiene un problema de gestión impresionante, porque eso no forma parte de su ADN, basado en unos procedimientos hiperpolitizados en sus contenidos y, sobre todo, en el modelo de administración copiado del sector público y ajeno al vigente en el sector audiovisual. Mantener esta fórmula acarrea la ineficiencia.

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  1. A la programación de RTVE no se la debe medir con los criterios aplicables a las televisiones privadas.

Si los contenidos deben ser equiparables, la televisión pública está de más. Si su oferta debe responder a criterios diferentes, habrá que asumir las repercusiones que esa opción en la audiencia y en la financiación. RTVE ha cedido en gran medida a la presión privada, cuya programación se ha convertido en el modelo de referencia. Mediaset y, en menor medida, Atremedia han impuesto una programación que la sociedad asume y ratifica, por más que sea esa misma programación la que reclame la existencia de una oferta pública nítidamente diferenciada y, muy posiblemente, a corto plazo, minoritaria.

Un viraje rápido de la oferta pública puede resultar imprescindible, pero implantar un modelo aceptado mayoritariamente requerirá tiempo e incluso cabe prever que no llegará nunca. Lo cual no obsta para que resulte necesario y para que el Estado tenga la obligación de protegerlo.

Es también demasiado tarde para recuperar la cualificación profesional y laboral de buena parte de la plantilla de RTVE, que, si en su momento fue el motor del que se nutrieron las privadas, a estas alturas ha perdido tensión, profesionalidad y creatividad.

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  1. La oferta en las redes de RTVE requiere un planteamiento coherente con el de la televisión pública.

Si la comparación vuelve a basarse en la audiencia, nuevamente se habrá errado el tiro. Las cadenas privadas han optado por modelos de difícil acomodo a los criterios de unos medios de comunicación de titularidad pública. Los estándares de las televisiones privadas e incluso de los periódicos no pueden ser el paradigma al que mirar cuando se trata de lo público.

A toda la propuesta de los medios públicos se le pide, o se le debe pedir, un debate interno permanente y una coherencia plena con su pretensión de espacio público; porque se trata de la radiotelevisión de todos. Lo demás o fuegos de artificio o, lo que es peor, un fuego que provoque estimule la pira definitiva. ¿En eso estamos?

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