La lógica de la justicia escapa con frecuencia al entendimiento de los ciudadanos e incluso al de los propios juristas, que no solo discrepan cuando forman parte de un proceso en el que defienden intereses contrapuestos sino también cuando valoran las más relevantes sentencias judiciales.

La reciente resolución del Tribunal Superior de la Unión Europea, que reconoce la inmunidad de Oriol Junqueras tras su elección en las últimas elecciones europeas, enfrenta a los partidos políticos y a los propios jurisconsultos, al margen de sus posiciones ideológicas, sus trayectorias profesionales o los vínculos más o menos conocidos con personas o hechos en tela de juicio.

Los ciudadanos, en esas, se encuentran in albis, lo que no impide que las conversaciones familiares, las tertulias de cantina o los festejos familiares eviten la lógica perplejidad y muten en aseveraciones contundentes, exabruptos acusatorios o proclamas como puños exentas de un mínimo asomo de duda o vacilación. Es lo que tiene la ignorancia y el atrevimiento que ella provoca.

Por si no teníamos suficiente con el lío judicial derivado del Procés fabricado con nuestras propias reglas, siempre más enmarañadas que comprensibles, ahora descubrimos que esas leyes tienen su prolongación en la Unión Europea. Desbordados por las oscuridades del Tribunal Supremo, entra en escena, para enmendarle la plana, otro de rango superior, europeo. La confusión se torna colosal y añade más munición a la polémica sobre la base de una ignorancia supranacional, estratosférica.

Distingamos. La crítica a las decisiones judiciales por parte de los ciudadanos no solo es razonable sino también necesaria cuando se confrontan con los valores o los principios generales, cuando se evalúan por sus repercusiones sobre las personas o la sociedad.  Pero resolver mediante cotilleos las cuestiones técnicas de una justicia extraordinariamente compleja y – al menos aparentemente– abstrusa aboca a la confusión. Y esa es la realidad. El debate público se ha llenado de desatinos –en lugar de dudas o incertidumbres–, porque nadie se acuesta lego y se despierta magistrado. Pero, a tenor de lo que se ve y escucha, cualquier descerebrado calza birrete. Julio Llamazares lo explica con mejor talante pedagógico en Todos jueces.

Para los no togados (e incluso para una buena parte de ellos) la mejor actitud tal vez no sea otra que reconocer las dudas, las contradicciones o el desconcierto de este tiempo judicializado que escapa a las normas comunes de la comunicación y el debate ciudadanos.

Pero hay cuestiones para las que este sistema judicial europeizado requiere mayores dosis de pedagogía. Resulta difícil entender que en la Unión Europea, en tanto que espacio común de libertades y derechos, un juez de otro país, sin entrar en el fondo de la cuestión, pueda evitar el proceso abierto sobre una persona en el territorio donde cometió un presunto delito, mientras no exista una normativa común u homologable para todos, como, tal vez, sería deseable.

Conclusión: el firmante también tiene derecho a meterse en berenjenales aún reconociendo su condición de ignorante.

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