La prudencia con que algunos medios de comunicación tratan las grabaciones que implican al Rey emérito en negocios poco ejemplares (primer eufemismo) o, si se quiere, las declaraciones de la amiga íntima (segundo eufemismo) del monarca sobre las transacciones comunes en Mónaco y otros paraísos merecen una reflexión sosegada (tercer eufemismo). Si el afectado o aludido hubiera sido un político, un sindicalista, un constructor o un cirujano plástico habríamos tenido escándalo de postín. Por el momento, el galimatías entra en el ámbito doméstico, aunque no se pueda descartar que reviente en un debate público encarnizado.

Al lado de los másteres de Cifuentes y Casado o de los hurtos menores de la expresidente madrileña, las hazañas del Rey emérito que se jalean en las susodichas grabaciones por la susodicha princesa pertenecen a otra dimensión. Una sociedad responsable no puede desatenderlas impunemente, aún a riesgo de que la atención derive en una crisis institucional de extraordinarias consecuencias. Para buscar un ejemplo de la magnitud de la posible implosión habría que remontarse, por ejemplo, al 14 de abril de 1931. Si unas elecciones municipales acabaron con la monarquía, un formidable escándalo de corrupción podría ponerla ahora en jaque e incluso en jaque mate. Los símbolos tienen su propia debilidad: aguantan vientos y tempestades pero no la erosión que provocan quienes los detentan, obligados a someterse a lo que representan a cambio de los privilegios que se les otorgan.

En ese contexto se entiende la discreción, la cautela e incluso el miedo ante el caso de las escuchas ahora divulgadas. Los diferentes pasos, casi contradictorios, del Gobierno; la negativa inicial a la investigación auspiciada por tres de los cuatro grandes partidos, el posterior anuncio de la comparecencia del director del CNI en el Parlamento, la apertura de una investigación a cargo de la Audiencia Nacional avalan lo inapelable del problema.

Obviarlo, reducirlo a un caso de venganzas entre grupos que deambulan por las cloacas del Estado, dejarlo en manos de los servicios de inteligencia, del ocultismo o del olvido nos ratificaría socialmente como menores de edad y negaría el derecho de los ciudadanos sobre nuestro destino colectivo. Nos abocaría a un régimen basado en la mentira y la putrefacción.

Por eso, las comparecencias del director del CNI, aunque a escondidas, y la investigación de la Audiencia Nacional, ya anunciada, deben dilucidar si las conversaciones filtradas tienen dosis de verosimilitud. Y a partir de ahí, si la respuesta es positiva, habrá que desactivar los temores y llevar a la escena pública la investigación y el debate. Si está en juego la Constitución y el modelo de la Jefatura del Estado, la responsabilidad será de quienes manipulan la una y detentan la otra.

Qué paradoja: tanto tiempo aplazando un debate para que ahora nos estalle en la cara de la manera más soez. Si los temores se cumplen.

Sobre El Autor

Artículos Relacionados

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.