Antonio Muñoz Molina escribía hace unos días un artículo, La corrupción y el mérito, laudatorio de la meritocracia que se le supone a la función pública, en detrimento del acceso a ella mediante contratos de libre designación, a los que se venía a asociar con el despilfarro e incluso la corrupción.

No se le pueden negar ciertas razones, a la vista de los hechos. Las cosas como son.

Sin embargo, basta haber pasado por la administración pública para saber que no todo el monte es orégano y que, junto a funcionarios ejemplares, abundan especímenes de muy dudosa calaña y con ninguna voluntad de servicio al común.

Por otra parte, no parece que el modo de acceso de los funcionarios (e incluso el de permanencia en su puesto de trabajo, al margen de su actitud y su actividad) garantice el mérito. Explíquense, si no, las estirpes y generaciones familiares que se suceden en numerosos centros públicos; empezando por las Universidades, donde el único mérito real lo contrae el convocante de la plaza.

Y basta también una vuelta por algunos centros públicos para reconocer que entre los contratados a dedo ha habido personas muy solventes, que han hecho posible que alguna institución haya sobrevivido hasta hoy, aunque quepan dudas sobre si llegará a mañana.

Sin embargo, desde fuera (desde opiniones que tienden a generalizar realidades heterogéneas e incluso contradictorias) y desde dentro (desde opiniones alentadas por auténticas castas, en muchos casos con cariz sindical) se ha articulado un coro de voces que presionan contra los “externos” y se diluyen responsabilidades entre los “internos”. Hay ejemplos abradacabrantes (para otro día).

El caso es que, hoy mismo, las voces bienintencionadas de fuera y las chantajistas de dentro están provocando situaciones como la que vive RTVE.

RTVE cesó ayer al director de Medios Interactivos, tal vez el espacio más digno de interés y respeto de lo que queda de ese grupo de comunicación público. Hoy ha despedido a algunos cargos que aún permanecían de la época de Luis Fernández. Y mañana habrá más. Era, personas que habían trabajado bien o muy bien, que así se lo habían reconocido quienes las contrataron y quienes, sin haberlo hecho y pese a las presiones en contra, decidieron aprovechar sus conocimientos y su capacidad de trabajo. Personas que incluso han ahorrado mucho dinero a las arcas de la radiotelevisión pública en comparación con quienes las precedieron. Ahora se las despide porque no son “internos”. O porque se incorporaron en un determinado momento muy distinto al actual.

Hay veces en que los criterios de selección tienen que ver con la limpieza étnica.

Se produce la paradoja de que un altísimo número de los trabajadores fijos de la corporación RTVE, por ejemplo, fueron en algún momento “externos”, pero a unos se les reconoce el cambio de linaje y a otros no, y en cualquier caso se los integra o se los despide por motivos completamente ajenos a los méritos y al trabajo prestado; incluso a su honestidad.

Por eso hay comentarios, en buena medida acertados y en cualquier caso bienintencionados, inoportunos e incluso proclives a una catalogación de los trabajadores completamente injusta. ¿No cabe la posibilidad de alguien acceda a un puesto porque sus conocimientos, su capacidad o su actitud pueden ser imprescindibles o, al menos, complementarios?, ¿porque la dinámica interna genera hábitos que es necesario resolver mediante otros modelos o formatos?, ¿porque la experiencia de los incorporados aportará dinamismo y nuevas perspectivas a la maquinaria acomodada?, ¿porque una persona sola (el presidente) no puede transformar los lentos y pesados engranajes del sistema creado?

Aparte quedan los abusos o, si se quiere, los familiares y los compañeros de partido sin oficio ni beneficio. Ese es otro asunto.

El derecho al reconocimiento del mérito no pasa una prueba de selección más, menos o nada amañada. El mérito en el trabajo, como en cualquier otro aspecto, se conquista en el ejercicio de la actividad. A quienes acreditan así su mérito es justo reconocérselo.

Y a los que no lo conquistan o no lo mantienen, por decencia publica y en defensa de los derechos de los ciudadanos, hay que excluirlos. Pero esto no lo reclama casi nadie. Y se acaba alimentando a una casta de intereses creados.

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