Las monarquías no ceden; en todo caso, se derrumban.

Un 14 de abril, el de 1931, se celebraron elecciones municipales en España y, antes de terminar el recuento de los votos, ya había caído la monarquía. El rey se dio a la fuga. Es nuestro ejemplo más cercano.

El voto popular, símbolo por excelencia del sistema democrático, acabó sin proponérselo con una institución de origen divino. La decisión popular tuvo efectos extra que desbordaron la representación en los municipios.

La monarquía reapareció 46 años después por carambola: la dictadura readmitió como heredero a un descendiente del rey exiliado y el pacto de la Transición, haciendo de tripas corazón, lo elevó a la jefatura del Estado. La Constitución camufló de tapadillo, dentro de su amplio articulado, la reinstauración monárquica; un poco a contrapié, sin un debate específico. Esa es hoy la fuente de su debilidad.

No obstante, en los primeros años de rodaje la recuperada democracia extendió la estima ciudadana al conjunto de las instituciones y, en especial, a la monarquía. El pacto político amplificó aciertos y acalló errores e incluso algún desmán al cobijo de la inmunidad otorgada a su majestad. La anomalía se normalizó, aunque con voces que intermitentemente reclamaban una reválida en las urnas.

Así ha seguido. Pero, a medida que la política ha ido defraudando las expectativas iniciales, del aprecio monárquico mayoritario se ha pasado a un cierto desprecio o, al menos, a un creciente desapego. La institución resistió a las duras y a las maduras, aun a costa de que el monarca se viera empujado a abdicar por errores conocidos y otros por conocer.

Ahora su credibilidad pasa por una etapa de progresivo descenso; a tumba abierta. La inmunidad, utilizada como coartada, la ha protegido del desplome. Pero el último episodio, la demanda anunciada por la ex–amiga del actual rey emérito, no solo lo pone a él en el disparadero de la caza mayor nacional, sino que aniquila el respeto ciudadano que aún perdura a la institución monárquica.

La inmunidad ya no sirve como alivio. Si las acusaciones fueran falsas o falaces, la transparencia podría salvar al afectado. Pero el mutis no avala el statu quo; ni al rey en ejercicio ni, menos aún, a su progenitor, la persona que encarnó y aún simboliza la restauración de la Casa Real.

La monarquía no puede eludir su obligación moral de transparencia. No puede sobrevivir a la sospecha de corrupción. A un dirigente político le puede salvar el respaldo ciudadano en las urnas. Al Rey, no, porque su status elude el control democrático y la ratificación popular. Su legitimidad se encuentra, hoy, con su silencio, en entredicho.

La resistencia de algunas fuerzas políticas, tal vez mayoritarias, ya no bastan para proteger la confianza en la representación regia. Las acciones del monarca o su silencio atacan a la institución que representa o representó. Y en esa tesitura, si la acusación avanza y la transparencia no extermina la sospecha, la monarquía habrá de ceder.

O tal vez, a fuerza de resistir a la intemperie, derrumbarse. Elijan.

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