El gobierno de los jueces eludió un compromiso nítido y escondió en un cajón el informe que había recibido de otros colegas con menos poder (y ahora, mayor gloria). Sin embargo, a la postre, los magistrados han ejercido una influencia, tal vez decisiva,  para llevar al gobierno del PP a buscar una solución razonable a la ola de desahucios que parecen centenares de miles de familias españolas.

Toda una sorpresa. O no. Porque hicieron falta dos suicidios, miles de depresiones e incontables ciudadanos condenados al abandono y la miseria.

Tal vez los jueces se han sentido estrangulados por una legislación sin escapatoria y una realidad inaceptable: el desamparo y la intemperie a la que condenaban, una tras otra, a muchas familias por el mero hecho de haber soñado con su propia vivienda (un derecho constitucional), de haberse comprometido a ahorrar lo necesario en beneficio de los bancos que impusieron sus intereses y de haberse sometido a la supervisión de las entidades que ahora les expulsan y les exigen, encima, el precio de lo que ha dejado de ser suyo.

Todo injustificable. Se sabía. Pero hicieron falta dos suicidios, miles de depresiones e incontables ciudadanos condenados al abandono y la miseria.

El juez Pedro Luis Viguer, decano de los juzgados de Valencia y redactor del documento luego remitido al Consejo de Poder Judicial, ha sido decisivo en la denuncia de los abusos de los bancos, amparados por la legislación (y, en consecuencia, por los legisladores), y en la propuesta de soluciones. Antes que él, es cierto, habían hablado los indignados del 15M, algunos partidos al rebufo y, sobre todo, un movimiento de ciudadanos dispuestos a impedir la ejecución de varios centenares de desahucios. Su intervención, incluido el carpetazo del CGPJ, acabaron por situar a muchos jueces al lado de los desahuciados. Y a partir de ahí, la convicción de que algo había que hacer, que cambiar.

No debieron ser necesarios dos suicidios, miles de depresiones e incontables ciudadanos condenados al abandono y la miseria.

Hasta el fiscal general del Estado, que vive en un mundo místico e incomprensible, se ha dado por aludido. Porque, como señalaron los jueces que realizaron el informe, su “margen de actuación es mínimo, es nulo, no podemos hacer nada con la actual legislación”, porque “el deudor no tiene ninguna posibilidad de defensa”, “porque está causando una auténtica sangría social”, porque “el régimen es durísimo. Prácticamente no se pueden realizar alegaciones”.

Y los que gobiernan, sin enterarse. Hicieron falta dos suicidios, miles de depresiones e incontables ciudadanos condenados al abandono y la miseria.

La movilización (aunque el actual gobierno ha despreciado las manifestaciones y ha castigado a los manifestantes), la presión contra los desahucios (desafiando a la policía, a los bancos y a la piqueta) y la llamada de atención de sectores tan poco sospechosos como los jueces han obligado a los dos grandes partidos a plantearse la necesidad de poner coto a la barbarie y a la depredación.

Pero hicieron falta dos suicidios, miles de depresiones e incontables personas condenadas al abandono y la miseria.

Si las cosas son así, ¿para qué hacen falta el gobierno? ¿Y la política?

 

Imagen: El suicidio. Édouard Manet, via Wikimedia Commons.

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