Manuela Carmena ha mentado a la bicha. Se ha atrevido de insinuar que los medios no siempre dicen toda la verdad y solo la verdad, cuando esa es la única verdad irrefutable.

A los profesionales del periodismo les cuesta asumir que nadie dice toda la verdad y solo la verdad, salvo cuando ese gran concepto reduce sus limites, cuando la noticia se convierte en material de precisión: hecho, dato, cita (ejemplo, fulano ha dicho, dos puntos, comillas, frase textual, comillas, punto y aparte); pero no cuando (casi siempre) la información debe fraccionar la realidad, organizar los fragmentos, añadir elementos valorativos (aunque se los identifique), interpretaciones, deducciones… Los profesionales deberían partir de las limitaciones objetivas de su empeño y de las subjetivas; reconocerlas y aceptar las sutiles fronteras de su oficio e incluso de sus certezas.

Pero no ocurre así. Un periodista puede afear sin pudor una decisión e incluso un comentario porque sí o, simplemente, por diferente a otro anterior del mismo personaje. Pero, ay, si a ese personaje se le ocurre defenderse acusando al periodista de contradictorio, falaz o simplemente impreciso. Se le echará encima con el apoyo de una parte representativa de la profesión. Ocurre cada dos por tres: en los periódicos la venganza se sirve fría, pero en las radios y las teles se vocifera hasta acallar al replicante.

A Manuela Carmena se le ocurrió (a ella o a algún miembro de su equipo, aunque ella, luego, lo respaldó) crear un blog para publicar las noticias municipales en versión original; es decir, con toda la verdad y nada más que la verdad oficial (la constatable en un documento público) para precisar, corregir o rectificar informaciones efectuadas por los medios de comunicación. Lo anunció y se armó la de dios.

Las asociaciones de la prensa, los medios y muchos profesionales a título particular lo consideraron una injerencia insoportable, propia de regímenes dictatoriales (o en trance) e incompatible con un sistema democrático; es decir, un atentado a la libertad de expresión, que es donde fondean habitualmente estos debates, sin acertar muy bien a saber qué relación guardan el culo y las témporas.

Manuela Carmena o su equipo municipal podían haberse ahorrado las explicaciones. Podían haber evitado argüir que una cosa es la verdad oficial, la que está ratificada por un acto administrativo irrefutable y otra la que se deduce, sin demasiados aspavientos, de una explicación carente de respaldo administrativo. Pero les afloró una vena susceptible, qué le vamos a hacer, en un asunto que, a muy poco, levanta ampollas.

Los hechos. El responsable del área económica del Ayuntamiento de Madrid dijo, tras una reunión de la comisión municipal que preside, que se planteaba la creación de una tasa turística y otra a los cajeros automáticos instalados en la vía pública. No hay duda de lo que afirmó, es demostrable. Sin embargo, algunos medios dedujeron que las tasas se harían efectivas en breve. Y ese era obviamente otro cantar. Cuestión de precisión o de matiz. La alcaldesa descartó la medida y se enfadó con quienes la anunciaron. Ella, jueza de profesión, debió recordar que una sentencia requiere argumentos más sólidos que una conjetura.

¿Por qué unos y otros, responsables públicos y periodistas, se ponen tan puntillosos? En esta sociedad se ha instalado un principio detestable: en los partidos o en los equipos se desprecian los matices, se rechaza la controversia  y hasta la crítica interna. ¿Era imperiosamente necesario, en este caso, que la alcaldesa precisara al concejal e incluso la interpretación periodística de la afirmación que él hizo? Lo era, porque las divergencias en un partido o en un equipo de gobierno se penalizan, por parte de los opositores y los medios, por más que, desde un punto de vista ciudadano, debieran estimularse y pese a que, de vez en cuando, los propios medios lo reclaman (para criticarlo a continuación, si se produce); y por otra parte, porque, cuando un asunto se traslada a los medios de comunicación, solo ellos se consideran legitimados para juzgar la catadura de una reflexión, una opinión o una discrepancia.

La creación de un instrumento municipal que contenga la actividad oficial e incluso las propuestas de un Ayuntamiento, con todos los matices de quien tiene la obligación de gestionar los asuntos públicos, es un derecho incuestionable. Y una obligación. Salvo que haya que aceptar un fuero de los medios que les reconozca la exclusividad de la información y que, de paso, impida la crítica de sus acciones. Quizás sea eso, lo que, en el fondo, reclaman.

Hacerlo contra los medios (para precisar sus informaciones o para corregirlas), y presentarlo así, parece legítimo, aunque pueda resultar un error… funcional. Los medios acabarán convirtiéndolo en un instrumento contra la propia corporación; no soportan el juicio ajeno y basta una leve crítica para provocar un cambio ostensible de su actitud con relación al discrepante.

El debate planteado lo controlan, lo dirigen y lo capitalizan los medios. A la alcaldesa le van a reprochar su iniciativa  hasta el final de sus días: como una muestra de intolerancia y de rechazo a la libertad de expresión y de opinión.

La polémica no conducirá a ninguna parte. Los medios disponen del terreno de juego

¿No resultaría mejor a medio y largo plazo defender, desde el ámbito político, la necesidad del debate y la controversia en las instituciones para, a través de ellos, llegar a las decisiones colegiadas? Eso sería plantear la cuestión de fondo, la que ahorraría el afán por encontrar motivos para la controversia, aunque sean irrelevantes y aunque oculten las cuestiones de fondo.

El PSOE ya ha renegado de la decisión de Manuela Carmena; le interesa en su relación con los medios. Al PP, ni se le menciona. Están dispuestos a armar la marimorena. De todas las posibilidades, eligen la más fácil. Y la más falaz. Pero nadie les recriminará sus contradicciones en este ámbito. A los medios no les interesa. Aplauden.

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