El tri-acuerdo PSOE-Podemos-EHBildu y sus secuelas parecen un monumento a la estupidez. De noche, cuando se comunicó, resultaba inexplicable; de madrugada, cuando se rectificó, incomprensible; por la mañana, cuando Iglesias lo ratificó, delirante. Lo más sensato de las tres patas ha sido Bildu.

Y por ahí habría que empezar. ¿Es razonable favorecer la incorporación de una formación, democrática a pesar de su pasado, en asuntos de Estado? ¿No es ese el terreno que debemos abonar para que podamos convivir? El tri-acuerdo solo admite ese aspecto positivo, pero en el tiempo y en las circunstancias en que se ha producido –donde el mero riesgo de resbalón garantiza el estacazo– solo puede interpretarse como un desatino. Como si alguien hubiera decidido “¡a tomar por saco!”.

Alguien debe ir urgentemente al rincón de pensar.

Empecemos por lo menos importante. ¿Qué sentido tenía un acuerdo que iba a ser conflictivo y que no reportaba ningún beneficio? El compromiso pretendía, eso dicen, la abstención de EHBildu en la votación sobre el estado de alarma, pero los votos de la formación euskalduna eran realmente innecesarios. ¿Entonces?

Sin necesidad de acudir a la bola de cristal de un politólogo, cabía prever que el acuerdo iba a incomodar gravemente –aparte de a toda la derecha política (por si no hubiera suficiente bronca)– a la mayoría social del conjunto de España, que mantiene su consciente e inconsciente el vínculo Bildu–ETA; a grupos políticos próximos desairados por su ninguneo: Esquerra, Compromís, PNV, regionalistas cántabros y canarios… y a un fluctuante Ciudadanos, desde un punto de vista ideológico nada desdeñable en algunos compromisos posibles…

Peor aún. El tri-acuerdo ofendía a la mayoría del Gobierno, del PSOE e incluso de Podemos; a las máximas responsables del área económica y a la ministra de Trabajo, ajena a la trama, pese a ser la responsable directa del asunto; y por supuesto, de manera extraordinaria, a sindicatos y patronal, con quienes se estaba forjando una vía de diálogo inédita en el ámbito político.

La matización de madrugada (“solo los aspectos más lesivos de ley”) no resolvía nada, pero la intervención de Pablo Iglesias (“el acuerdo PSOE-Podemos establecía la derogación total”) añadió combustible al fuego. De un plumazo, todo lo avanzado en la negociación con los representantes sociales, en el diálogo con algunas formaciones políticas, fue reenviado al mismísimo carajo. De despropósito en despropósito.

Ahora cualquier arreglo será insuficiente para recomponer el destrozo. Sobre todo, porque no surge de la casualidad. Había precedentes. El actual Gobierno solo se puede sustentar sobre la transparencia, la prudencia y la lealtad. Sobre una concepción de la política sin trileros ni pirómanos. Abundan los tahúres y los incendiarios. Proliferan bastantes egos desbocados. Y algún tonto.

El mayor problema del Gobierno está en su seno. Y sin embargo, tiene que seguir ejerciendo, porque no cabe una alternativa diferente.

Por eso, por decencia, alguien relevante, de una y otra parte, del gobierno y de los partidos que lo integran, debería asumir la decisión de ausentarse, de tomarse un tiempo, de confinarse en el rincón de pensar. Aislados, en cuarentena, pero sin mascarilla, porque tienen que dar la cara. Y luego habrá que ver si los demás se contagian.

Tal vez no baste. Quizás resulte necesario un reconocimiento público de los fallos de este ejecutivo. Y la advertencia de que, si no se corrige, tal vez haya que asumir el caos. Porque lo que acaba de ocurrir ya se le parece.

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