A Pablo Iglesias, el líder de Podemos, le van a registrar las alfombras y hasta las entretelas buscando molsas, ácaros o lo que aparezca para someterlos a los detectores de partículas o al crisol de las nuevas certezas asumidas con la convicción del “para qué discutir”.

Primero fue su afirmación de que ETA tiene un componente político (por qué, si no, explicó, González, Aznar y Zapatero trataron de negociar con ella). Aunque su forzada argumentación, que ni era necesaria ni venía mucho a cuento (como si no bastaran para justificar los intentos de negociación los asesinatos), ¿cómo negar lo vivido o lo que salta a la vista, sin necesidad de acudir a sus orígenes o a sus reclamaciones; es decir, su influjo en la sociedad y en la acción política en Euskadi y, a partir de ahí, en toda España? Otra cosa sería la vigencia de sus planteamientos o la consideración que merezcan, pero a qué viene ahora eso.

Luego ha sido un comentario publicado hace ya tiempo sobre la conveniencia de mecanismos de control sobre los medios de comunicación, ya sea por la existencia de oligopolios, por la falta de pluralidad o por la ausencia de respeto al derecho a la información en la que se justifican y desde la que tergiversan con frecuencia la realidad para defender intereses absolutamente espurios. Mal asunto. En este punto los sectores reaccionarios –que controlan de manera casi absoluta el negocio informativo–, la mayor parte de los profesionales –que dicen creer en la pluralidad del sistema, en la capacidad depurativa o reguladora del mercado, los periodistas y los usuarios– y hasta los que temen represalias si no enfatizan lo que se les exige para que puedan acceder al púlpito en algunas fiestas, todos se han unido contra el insurgente.

¿Y por qué no conviene algún procedimiento de control de los medios de comunicación que, entre otras cosas, denuncie muchas de las prácticas aberrantes que se dan por convenientes? ¿Qué pluralidad garantiza el actual sistema? ¿Qué representatividad pueden argüir algunos de los más medios más poderosos? ¿Qué decencia?

¿Acaso podemos creer a estas alturas en la autorregulación de los medios? ¿O en la autorregulación de los periodistas? ¿Quizás, si no, en la de las organizaciones profesionales, tan ajenas al derecho de los ciudadanos a la información, salvo para justificar su existencia o sus influencias, aceptando que tertulianos, carroñeros del corazón y otras aberraciones reciban idéntico trato, reconocimiento y derechos que las especies periodísticas en auténtico peligro de extinción?

El enojo contra el supuesto dislate del dirigente de Podemos ha impedido considerar algún modelo regulatorio vigente, aunque amenazando ruina –por ejemplo, en el Reino Unido–, pero sí airear la supuesta ley “mordaza” del ecuatoriano Correa, como paradigma de la aberración de Pablo Iglesias. Sin embargo, los aireadores del espantajo no pueden olvidar cómo el mismísimo Correa ha zarandeado dialécticamente, y de manera reiterada, a quienes han tratado de rebatir su propuesta con furia liberal-progresista y a los que el ecuatoriano, habilidoso polemista, ha desenmascarado. Y lo ha hecho aquí, en España, en campo ajeno, para ahuyentar las dudas.

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