Derechos con obligaciones, sin privilegios

La Unión Europea riñe a España de vez en cuando. Una de las últimas regañinas se debe a una temporalidad de los contratos en el mercado laboral sin apenas parangón en el entorno comunitario. Las advertencias europeas reclaman el cese de unas prácticas que han ido en aumento desde los años 80, pese a las sucesivas reformas de la legislación laboral.

La sociedad es plenamente consciente de esa realidad, provocada por los intereses de una patronal que ignora los derechos de los trabajadores y, en última instancia, por unos principios económicos sometidos a los intereses empresariales de corto plazo. Sin embargo, la advertencia europea –tan seria que condiciona los fondos europeos a la corrección de esa anomalía– abunda en algo que tiene, tal vez, un menor reconocimiento ciudadano: la temporalidad pública, la que afecta también, y de manera significativa, a ese sector.

Esa anomalía debería corregirse con doble celeridad: por lo que corresponde a los trabajadores y por lo que obliga a los servicios públicos y a quienes los administran.

Sin embargo, muchos ciudadanos tienden a considerar a los trabajadores públicos como unos empleados privilegiados por la seguridad laboral que les proporciona su condición funcionarial, o similar. La realidad colisiona a veces con la percepción popular. En este caso, tal vez, porque se entiende que en el sector privado los intereses ajenos castigan los derechos de los trabajadores, mientras que el sector público los derechos de los trabajadores se tornan en privilegios sobre el conjunto de la sociedad que los mantiene.

Puede ser injusto, pero no absolutamente incierto. Para que el derecho no se convierta en privilegio, el trabajo de los empleados públicos requiere unos niveles de exigencia permanente que se incumplen con frecuencia. Esa condescendencia afecta a la calidad –más o menos grave, eso importa menos– de los servicios educativos, sanitarios y de cualquier otro sector sociolaboral. Establecer sistemas periódicos de control para corregir a los que incumplen y sancionar a los que defraudan es una obligación que protege el derecho de los ciudadanos a una administración rigurosa y eficaz.

La explotación no es el modelo. La desatención de las obligaciones sociales y laborales, tampoco. En el sector privado proliferan los mecanismos de control de los trabajadores. En el público nadie se atreve a ponerle el cascabel a los gatos que maúllan e incumplen sus obligaciones. Derechos con obligaciones, sin privilegios.

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