El ruido mediático y político en torno a la ley de educación que el Gobierno trajina produce vergüenza.

La cortina de humo se ha convertido en el eje central del debate: Cataluña, la prevalencia del idioma propio o el común. Se quiera o no, un asunto menor, porque existen sentencias del Tribunal Supremo que fijan la legalidad en la misma situación a la que se quiere llegar. El hecho de que no se cumpla se debe a que nadie, o casi nadie, lo reclama. O sea, a que la vida sigue. El Gobierno, por tanto, se enreda: si en el futuro tampoco se producen reclamaciones, ¿por qué se va a modificar lo que la sociedad ha aceptado masivamente?

Aunque la ley no cambie la legislación, ¿sería mejor no liarse y, todavía más, desliarse? Sí, pero…

Lo más grave está el resto de la ley: el retroceso de lo público en favor de lo privado, la primacía de la enseñanza concertada sobre los centros de plena titularidad pública, las concesiones sectarias a la secta de los obispos, el tratamiento de la religión en el programa educativo de un estado laico…

Es decir, la consolidación de un proceso ideológico y social a favor de la desigualdad, donde los muy ricos acceden a mejores medios que así les ayudan a reforzar su posición, donde los medio–ricos (en manifiesto retroceso por la crisis) sufrirán para mantener su estatus y donde los pobres tienen garantizada su manifiesta inferioridad económica y social ahora y después.

O sea, una ley que nos hará cada vez más desiguales.

Ejemplo. Véase la realidad de ese paradigma, o eso creen, de las oportunidades que es Estados Unidos. Y léase a Joseph Stiglitz, por ejemplo, para comprender hasta que punto la desigualdad económica se retroalimenta en la desigualdad educativa.

El Gobierno lo ha aprendido más pronto que sus opositores.


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