No soy fan ni devoto de Mercadona: ni de su oferta ni de su gestión, pese al evidente éxito de la marca.

No profeso gran respeto por los hermanos Roig, de quienes he leído afirmaciones hirientes, ofensivas y repugnantes.

Fui, sin embargo, seguidor del Villarreal de Pelegrini por su buen gusto y su discreción; es decir, por alentar una propuesta estimulante y estética.

Y en mucha menor medida me ha interesado el juego del Valencia Basket, aunque más por su competitividad que por su estilo.

¿Y a qué viene todo esto?

 

Los clubes privados deportivos han sido tradicionalmente, y siguen siendo, un cobijo adecuado para directivos farfulleros, ambiciosos o simplemente corruptos. Pese a lo cual, casi todos ellos han encontrado respaldo y apoyo en las instituciones públicas como consecuencia de una extraña identificación entre un negocio privado manejado como instrumento de promoción social y cuya marca se basa en la capacidad de representar una seña de identidad local o global. Por ello numerosos gerifaltes locales, regionales, nacionales o internacionales han querido arrimarse a esa pléyade de advenedizos, incapaces y torticeros directivos deportivos locales con menos patrimonio que desvergüenza.

Así se explica que estas entidades deportivas hayan recibido subvenciones cuantiosas (directas o en diferentes fórmulas, incluidos planes sucesivos de condonación de deuda o adaptación a la legislación en vigor), hayan contado con el usufructo casi exclusivo de costosísimas instalaciones públicas (pabellones deportivos, campos de fútbol, etc.), hayan disfrutado de concesiones administrativas injustificables (recalificaciones de suelo, licencias urbanísticas), hayan disfrutado de una permisividad delictiva (aplazamientos múltiples o regularizaciones de las deudas tributarias) y más.

La responsabilidad pública remite a los responsables del patrimonio colectivo, al margen de los delitos perpetrados por los dirigentes deportivos. Pero no queda exenta la ciudadanía que, en buena medida, ha colaborado en el empeño, solicitando el compromiso de las arcas públicas con los intereses de las aficiones, dispuestas a movilizarse, en caso contrario, de manera más multitudinaria que ante muchas violaciones de derechos.

La confusión entre el deporte que solo merece la consideración de espectáculo y/o negocio con la práctica deportiva vinculada a la educación o la salud se encuentra en el fondo de esta situación. Ejemplos de esta aberración: la declaración de determinadas competiciones como “de interés general”, la consideración de los espacios deportivos de los medios de comunicación como “derecho a la información”, la atención preferente de la administración deportiva a la alta competición (el espectáculo) en detrimento del deporte de base…

 

Por todo ello, hay que reconocer la extrañeza o la sorpresa que provocan gestos como el de Juan Roig, presidente del Valencia Basket y Mercadona (para entender el principio), al renunciar, al comienzo de temporada, a todas las subvenciones públicas, y el de su hermano Fernando, presidente del Villarreal, anunciando lo mismo. “Existen otras prioridades a nivel social”, “ese dinero es vital para gente que lo necesita más”, ha sido su argumento. Con toda razón.

No está mal.

Sobre todo, después de haberse pasado cinco años anunciando el Aeropuerto de Castellón (un aeropuerto ejemplar, porque en él no pueden despegar ni aterrizar aviones, pero del que gozan los ciudadanos paseando con orgullo sobre las pistas al amparo de una estatua elefantiásica de su promotor, el nunca suficientemente loado Carlos Fabra, el lotero).

No está mal, porque todos los demás siguen embolsando ayudas y regateando obligaciones.

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