El valor del acuerdo y la dignidad del desacuerdo

De la reforma laboral al presupuesto de Madrid

Cuando se loa el valor del acuerdo en la política se proclama en realidad su importancia para la propia convivencia entre los ciudadanos, que es, a fin de cuentas, la cuestión fundamental que la política debe proteger. Por eso parece necesario dignificar el acuerdo, reconocer su importancia como instrumento básico del entendimiento entre personas, colectivos o instituciones plurales.

El acuerdo, en política, apela casi siempre a la gobernabilidad; es decir, a algo muy importante, por necesario e incluso imprescindible. Se valora por su utilidad concreta –casi siempre a corto plazo– más que por una voluntad de encuentro entre posiciones heterogéneas o por la priorización de lo común sobre lo diferente.

A ese criterio utilitarista remiten aquellos acuerdos en los que el máximo argumento para su defensa se basa en que solo el desacuerdo sería peor que lo acordado. En eso se basan en estos días los sectores más progresistas del gobierno español para defender la revisión de la reforma laboral o los disidentes carmenistas del ayuntamiento de Madrid para justificar su pacto presupuestario con el PP y Ciudadanos.

No se debe menospreciar ese valor utilitario. Tal vez, en muchas ocasiones no quepa otra vía mejor. Pero en otras muchas veces caben perspectivas más estimulantes: por ejemplo, el reconocimiento del valor en sí mismo de la negociación y el compromiso entre contendientes que, aparte de avances concretos y útiles, añaden estabilidad y perspectivas de futuro.

En el primero de los casos se podría situar el acuerdo entre la parte carmenista del ayuntamiento de Madrid con la derecha–sin–ultras. Puede contribuir a que algunas acciones encajen mejor en el nuevo presupuesto que en el viejo; podría ser suficiente justificación. El segundo caso lo representa la reforma laboral en la que se han implicado hasta el fondo la coalición del Gobierno, los sindicatos y la patronal.

En el primero de los casos, convendría ser establecer criterios muy claros y concretos para reducir el compromiso al objetivo concreto –la fluidez administrativa, por ejemplo– sin otros aditamentos de carácter simbólico falsificadores de la realidad.

En el segundo resultaría razonable asumir sin subterfugios las cesiones de cada parte como la más sólida garantía del avance que el acuerdo supone, aunque acopiando experiencias y reivindicaciones para experiencias futuras.

Desde esos planteamientos cuesta entender el desplante de la derecha española a un pacto avalado por el sector empresarial en defensa de una legislación anterior que aportaba mayores beneficios precisamente al empresariado. Más papistas que el Papa o, si se quiere, toda una declaración de intereses, según la cual la otra parte negociadora carece de cualquier legitimidad o derecho.

Cuesta también entender un posible rechazo parlamentario de sectores nacionalistas o del espectro de izquierdas contra un acuerdo suscrito unánimemente por los sindicatos mayoritarios. O sea, una declaración en favor de los afectados contra los representantes de los afectados o, si se quiere, izquierdismo militante, según el cual el único clarividente es el que toma la palabra.

En cualquier caso y en cualquier negociación convendría hacer una valoración pública y serena de los acuerdos y asumir sus limitaciones desde las legítimas posiciones de cada cual para empezar a marcar el horizonte de otros compromisos futuros, sin mezclar churras y merinas o aprovechar el paso del tren por una vía de cercanías para sacar réditos de otra índole. Por puro respeto al valor de los acuerdos y los compromisos entre heterogéneos y diferentes.

Algo similar habría que plantear en el caso del ayuntamiento madrileño: valorar la decisión de que un grupo muy minoritario y de izquierdas saque del apuro a la derecha mayoritaria para facilitar alguna mejoría, aunque leve, de la gestión económica del consistorio. Pero no enturbiarlo ni envolverlo con compensaciones ajenas que confunden. Sobre todo, aquellos compromisos que puedan revestir un alto valor simbólico.

Así, introducir en la negociación presupuestaria el nombramiento de Almudena Grandes como hija predilecta de Madrid parece, sencillamente, repugnante. Hay valores que deben permanecer ajenos al negocio y el chalaneo. Sin pedir perdón por lo que lo que el gobierno municipal hizo y dijo tras la muerte de la mujer que reivindicó lo mejor de Madrid, nada más relevante que el silencio, a la espera del momento en el que la reivindicación de la escritora madrileña sea, inequívocamente, sincero.

Lo pactado  entre la derecha-sin-ultras y el sector carmenista no es un avance. El valor del acuerdo no puede contraponerse, nunca, a la reivindicación legítima y moral de la opinión libre. Porque sin ese requisito elemental no es posible la decencia. Y a los símbolos hay que preservarlos de la indignidad. O mejor, rodearlos de dignidad.

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