Estado de espionaje

Estamos rodeados. De espías, concretamente. Los hay de todas clases y por todas partes. Al estilo Villarejo, encorvados con gabardina y carpeta tapabocas, o al de las redes sociales, que funcionan a través de algoritmos impenetrables; camuflados con sotana u otro tipo de uniformes, con camisetas y banderas deportivas; merodeadores de prostíbulos u ocultos bajo la legalidad de instituciones con herramientas solo al alcance de gobiernos legítimos. No hay quien sobreviva al rastreo y a la intriga.

Pocas situaciones más abominables que la de vivir bajo el escrutinio de un ojo omnipotente y delator que extorsiona el pensamiento y la palabra. La antítesis de la libertad con la que nuestra sociedad se legitima. Sin embargo, una sociedad que convive y estimula íntimamente el espionaje cada vez que un ciudadano acepta unas cookies, que utiliza redes sociales, que se comunica con otros a través de artilugios electrónicos, que pasea en medio de una maraña infinita de cámaras escondidas en su calle o en su ciudad…

Somos espiados por decisión ajena y, muchas veces, con consentimiento propio. No hay manera de vivir sin dejar rastro a la vista de otros, los supervisores. Sin embargo, la indignación por esta realidad solo estalla en algunas, pocas, ocasiones. Se asume esa supervisión permanente en aras de la seguridad, aunque ponga en riesgo la libertad. Ese es el marco del debate.

¿Cómo es posible que un sistema solo accesible a instituciones gubernamentales reconocidas haya podido seguir los pasos de varias decenas de responsables políticos vinculados con el nacionalismo, el independentismo u otras posiciones disidentes de lo que otros consideran políticamente correcto? El Gobierno no puede escurrir la responsabilidad y, por ello, está obligado a la transparencia de lo que, por definición, no debe ser transparente.

Dicho lo cual, conviene saber: ¿Quién garantiza que la venta del sistema de espionaje se efectúa a las instituciones legítimas? ¿Quién asegura la fiabilidad del denunciante? ¿Quién se atreve a responder la verdad a sabiendas no solo del castigo individual correspondiente (ya sea de naturaleza legal o política), sino también del deterioro de unas instituciones que conculcan derechos personales irrenunciables?

Sigamos con las preguntas. ¿Hay alguien con poder que haya rechazado plenamente el rastreo y seguimiento de sus adversarios? ¿Hay alguien que haya descartado acusar a su rival con argumentos derivados de una investigación dudosa? ¿Hay alguien que rechace absolutamente la legitimidad de todo tipo de espionaje?

Cuando se matizan esos principios y se acepta la investigación avalada por un juez o por los servicios secretos de un estado democrático, las preguntas se sitúan en los límites. Por ejemplo, cuando consta que existen instituciones y personas dispuestas a perpetrar un golpe de estado o a transgredir la legalidad, ¿cabe legitimar la investigación desarrollada por los servicios propios de un estado democrático?

En estos términos está planteado el debate actual. ¿Convendría imponer, para evitar confusiones y despropósitos, que nadie pudiera tramar sigilosa y subrepticiamente la subversión de la legalidad? ¿Qué hacer con los cómplices de esas tramas en cargos públicos?

¿Alguien asume desde las instituciones la desaparición de los servicios secretos no solo del Estado sino de las fuerzas de seguridad locales o autonómicas?

Ojalá se pudiera debatir sobre estos asuntos sin restricciones y sin partidismos, abdicando de intereses particulares o coyunturales.

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