La información de El País sobre el currículo inflado de Monedero fue una estupidez desde el comienzo. Por más que el responsable de la sección de Madrid o el inexperto subdirector del periódico hayan tratado de justificarlo, la defensora del lector no ha tenido más remedio que ser clara: “Lamentablemente, no se hizo”.

Pero no fue solo lamentable la ocultación de la rectificación de la Universidad de Puebla ni las matizaciones de la de Humboldt, es que, desde el primer momento, se trataba de una información inconsistente, falaz. Y no hacía falta ser un profesional para advertirlo.

¿Por qué entonces se publicó? ¿Quién lo pidió? ¿A quién le interesaba? ¿Con qué plan premeditado coincidía?

Esa es la mosca que tenemos detrás de nuestra oreja, desde hace cada vez más tiempo, cada día que abrimos El País. Y el problema es que aún necesitamos seguir haciéndolo, porque los demás medios-con-medios merecen aún menos respeto. ¿Quién se atreve a defender, a la vista de lo que tenemos, que en este país está garantizado el derecho a la información? Otro derecho de acceso tan desigual que para los ciudadanos se ha convertido más en una  amenaza que en un legítimo instrumento de defensa.

Otrosí. Resulta significativo que haya desaparecido de El País la información inicial (“Monedero falseó la mayor parte de su currículo”), pero que se mantengan íntegros los sucesivos intentos de “mantenella” y “enmendalla”.

El caso Monedero es un ejemplo del derecho a la información en estos tiempos, en El País e incuso en este país (en minúscula).

– Y de Monedero, ¿qué?

– Esa es otra. Hoy se trataba de comprobar que en este país y en El País la información se ha convertido en un asunto de monedero. ¡Los valores cotizan en minúscula!

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