La pretendida participación directa y los hiperliderazgos que esta genera no garantizan las condiciones básicas de un sistema democrático: que el pueblo sea dueño de su destino y que quienes toman las decisiones sean responsables de ellas. Ni la asamblea ni el referéndum aseguran la plena participación de todos los ciudadanos; al contrario, pueden favorecer la impunidad de los manipuladores. A esa reflexión invita Ignacio Urquizu en Una democracia sin responsables, un reciente artículo publicado en El País.

Tal vez convenga atender a sus argumentos en un tiempo proclive a la glorificación acrítica de la participación directa como respuesta al “no nos representan”, muchas veces tan legítimo. La democracia representativa ha acallado la responsabilidad popular e incluso la crítica y, en definitiva, ha dejado sin sanción a quienes defraudaron a la ciudadanía. Esta realidad, repetida hasta la saciedad, se ha convertido prácticamente en un axioma, al que han contribuido unos medios de comunicación decisivos en el empobrecimiento del juego democrático en nuestras sociedades.

Sin embargo, las propuestas de participación directa que se nos ofrecen, restringidas al ámbito de unas determinadas opciones ideológicas, buscan la intervención en las decisiones públicas pero, al tiempo, eluden las responsabilidades de sus gestores, porque, acogiéndose a los supuestas decisiones de sus bases, reclaman que la libertad del voto no puede ser, bajo ningún concepto, sancionable. Quienes deciden son todos, interpretan; o si se quiere, falsifican.

Las decisiones adoptadas a través de la votación de un colectivo, aparte de reducirse a términos binarios, siempre simplificadores, se alejan de la negociación o, al menos, ralentizan hasta el absurdo el necesario acuerdo social. Y para colmo, en la mayoría de las ocasiones se deciden en un contexto emocional que elude la supremacía del juicio. Las decisiones adoptadas por ese procedimiento se sitúan en el espacio de la verdad o el error, no en el de la acción política o el de la responsabilidad ante la sociedad, inerme para reclamar la sanción exigible a quien promueve decisiones contrarias al interés general.

Los medios de comunicación, que con tanta frecuencia embarran el terreno de juego democrático, ejercen influencias muy similares en uno u otro caso. Su acción se ejerce de manera transversal e incuestionable. Ellos actúan simultáneamente como parte y como juez. Sin una reconsideración de su rol y sus atribuciones tampoco cabe un paradigma democrático mejor.

La reparación de los defectos de uno u otro sistema, más la correspondiente a los medios, es necesaria. Por ello nuestra esperanza se alimenta de quimeras. Y así no hay digestión posible.

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