El fraude de las residencias de ancianos se ha hecho evidente. A costa de 20.000 muertos.

Conviene afrontar el problema sin lágrimas de cocodrilo. Porque muchos de los que lloran se han lucrado con la gestión de esos centros y porque algunos otros de los ahora compungidos propiciaron el lucro.

Se ha especulado con los mayores. No cabe duda. La privatización de las residencias exigía un requisito previo: que de ella se pudieran obtener beneficios, dividendos, ganancias…

No solo los fondos buitres, la patronal de las residencias, quienes se apuntaron a actos publicitarios o a eventos promocionales…

No solo.

Existen residencias gestionadas con fondos públicos (de ayuntamientos) por entidades (ongs o similares) que, en aras de supuestos bienes superiores, han asumido condiciones de precariedad incuestionables: escasez de personal, bajísimos salarios, conculcación de derechos laborales…

Esos gestores –se llamen Mensajeros, Hermanitas o Ángeles varios– son colaboradores necesarios para la prestación de servicios de mala calidad que desprecian a los supuestos beneficiarios y a sus trabajadores. Si de lo que se trataba era de ofrecer servicios dignos, eso solo se puede alcanzar con recursos humanos y materiales… dignos. Lo demás termina en engaño, en prestaciones de tercera división o, más exactamente, de regional.

¿Conocen ejemplos?

En el mundo rural los hay a montones. Sus apóstoles acuden a diario a los medios de comunicación para proclamar su fe y su caridad. Sería mejor que creyeran en la justicia y que se comprometieran a defenderla. No basta la influencia, el poder, el reconocimiento social y la complicidad institucional… Ni siquiera el cielo. Las soluciones que se demandan buscan sobrevivir en la tierra.

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