En lugar de promover el homenaje a la persona que ha dado la cara frente al coronavirus de la manera más profesional y mesurada, admitiendo deficiencias y errores, siempre con un tono basado en la modestia y el rigor propio de un científico, algunos individuos, no pocos, pretenden sentarlo ante un tribunal, acusándole de un delito de lesiones imprudentes y otro de prevaricación. Lo mismo que ya han hecho con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

La denuncia parte de un personaje con pasado fraudulento y actuaciones turbias y cuenta con el aliento del entorno de un partido que, en las mismas fechas en que se desarrollaba la manifestación feminista del 8M –origen de la animadversión y la denuncia anterior– celebraba un congreso repleto de besos, abrazos, saludos y efusiones de todo tipo del que, eso no hay quien lo dude, salieron algunas personas gravemente contagiadas.

La jueza, que ya ha descartado una parte de las acusaciones, aprieta en la otra vía del asedio lanzado contra el personaje: la del delito de prevaricación. Para ello ha buscado y encontrado el respaldo de los oficios de la Guardia Civil, alguno de cuyos agentes parece dispuesto a colaborar en la ofensiva contra el epidemiólogo jefe del estado de alarma. Ya he referido en alguna ocasión las peculiaridades de este organismo armado, al que definió en una conversación privada el exministro José Antonio Alonso: “un estado dentro del Estado”.

Los gobiernos de izquierda han sido, pese al diagnóstico de aquel juez-ministro, extraordinariamente condescendientes con la autonomía de la autodenominada Benemérita. Y una vez más, cabe temer comportamientos repudiables. El ministro de Interior ha destituido al máximo responsable de la GC en Madrid, un nombre con apellido acreditado entre los sectores ultramontanos de la judicatura y la milicia.

Y ahí estamos[1]. Con ganas de cambiar de nacionalidad. Incapaces de acallar el griterío de los conspiradores, obligados a vivir bajo la degradación moral de sus amenazas, condenados a disfrutar de una libertad en estado permanente de asedio, ¿qué solución cabe?

La democracia obliga a asumir como parte del paisaje a quienes la faltan al respeto y la atacan, amenazando los principios que sostienen un modelo de convivencia basado en la libertad y la solidaridad. ¿De verdad estamos obligados? Hay algo peor: que esos grupos cuenten con la complicidad y el respaldo de otros, dispuestos a aplaudir sus ofensas y a premiar su repudio de los valores esenciales de la convivencia.

¡Qué impotencia! ¡Qué absurdo!

¿Qué opciones quedan? El extrañamiento, la renuncia a los derechos, el exilio… Dan ganas. Pero no resolverían nada. Es imprescindible resistir: reconocer a la gente decente y negarse a colaborar con quienes combaten la libertad y la solidaridad en nuestra sociedad. Y eso es incompatible, obviamente, con convertirlos en socios de cualquier gobierno menor o mayor o en formar parte de cualquier comisión de interés general. Porque, fundamentalmente, no son de fiar. Han demostrado que odian lo que nos protege y a quienes nos defienden.


[1] Asunto bien distinto es la manera y el momento en que el ministro de Interior ha cesado al máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid. Un despropósito, siquiera en su formalidad, aunque nadie puede desvincular dicha decisión de una injerencia en el ámbito judicial. Asunto grave siempre y más aún para quien fue juez antes que ministro. Conocía la aberración en la que se enfangaba.

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