La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña (equivalente autonómico al CIS), dependiente de la Generalitat, contraviene algunas opiniones que parecían asentadas e incluso crecientes. Aunque por unos pelillos(45,3%–44,5%), los ciudadanos no independentistas superan a los que desean un Estado propio y diferenciado de España. Aún es menor el porcentaje de los favorables a la secesión, si el dilema (sí o no) se transforma en una decisión con varias opciones más matizadas: los independentistas suman el 36,2% y los que desean otra fórmula, el 56,1% (a saber, el 5,4% quiere que Cataluña sea una región española, el 21,8%, una comunidad autónoma, y el 28,9%, un Estado en una España federal).

Si unos suben y otros bajan, o viceversa, después del simulacro de referéndum y la movilización largamente alentada y mantenida desde las posiciones extremas, es materia que importa a los tertulianos que habitan en los entresijos de la política que la mayoría ciudadana detesta. Allá ellos. Los vinculados al sector independentista aducen el cambio de la empresa encuestadora y de los criterios del estudio, que en esta ocasión ha otorgado mayor representación a la población castellanoparlante, antes minusvalorada cuantitativamente en relación con la realidad. Los contarios aluden a la matraca y al efecto cansino de la presión política sobre los ciudadanos.

Aquí, ni idea. Y como siempre, dudas: si la división de opiniones se antoja tan estrecha y si los pareceres pueden oscilar sin necesidad de nuevos argumentos intrínsecos al debate, ¿tiene sentido imponer e incluso defender la consulta a toda costa?

Los favorables al sí aducen hasta la saciedad que el referéndum, la decisión ciudadana es el gran baluarte democrático y que, por tanto, no hay otra opción, salvo un sistema en el que prime el criterio y la voluntad de unos pocos o la irrevocabilidad de las decisiones. Pero tal afirmación, repetida como un mantra irrefutable, choca con la realidad de este último estudio de opinión.

¿Se puede tomar una decisión definitiva por una mayoría fluctuante o en los márgenes de lo que previsiblemente puede modificarse sin necesidad de nuevos elementos de discusión o elección?, ¿habrá que repetir la consulta cada vez que una encuesta sugiera un posible cambio de opinión?, ¿se puede mantener a una sociedad en esa tensión de confrontación emocional ininterrumpida?, ¿quién paga el desgaste que todo ello supone, sobre todo para quienes asumen una posición no beligerante?

Nadie se atreverá a decir a viva voz que algunos asuntos son tan complejos y tan irreversibles que el referéndum no sirve, porque se sobreentenderá que tal aserto niega la igualdad fundamental de la democracia: un hombre, un voto; todos somos iguales; solo la mayoría tiene legitimidad para decidir. ¿Para fijar una decisión sin retroceso cabe requerir, no obstante, determinadas condiciones?

¿Se debe establecer un plus para garantizar el derecho de los que ahora no saben o el de los que ahora saben algo distinto a lo que podrán saber en un futuro no lejano? ¿Basta la más simple de las mayorías, porque ese es el único criterio democrático y así sería también en el futuro si se quisiera adoptar una decisión contraria?

No, esa decisión inversa solo sería posible si la capacidad decisoria estuviera en los mismos electores que ejercieron la primera; pero eso no es real. Para la independencia, al margen de lo que establece la Constitución, podría bastar (no es necesario entrar ahora en ese debate) la sociedad catalana; para el replanteamiento, sería imprescindible la sociedad española. ¿Entonces?

Y eso es lo que nos plantea el último informe del CEO de Cataluña: lo que se pudo decidir el 9 de Noviembre, habría que haberlo revocado el 9 de diciembre. Para qué insistir más en las razones (o los intereses o las emociones) que han llevado a esta situación y con las que se quiere seguir dando cuerda a la cometa. El caso es que,  si hoy no es como ayer, ¿cómo decidir para mañana?

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