La pregunta del CIS puede resultar grosera:

“¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”

La respuesta mayoritaria de los ciudadanos puede traslucir, como poco, un subconsciente autoritario:

El 66,7% de personas entrevistadas piensa que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información. Otro 30,8% cree que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información. El 2% tuvo dudas y el 0,5% no contestó.

Da miedo.

Y sin embargo… la cuestión de fondo puede ser pertinente:

¿Cabe alguna restricción en lo relativo a la información en situaciones extraordinarias que requieran una acción coordinada de la ciudadania?

De este asunto nos ocupábamos en este Lagar hace unos días en un artículo titulado Comunicar ante la emergencia, que interrogaba: “¿No cabe, entonces, una estrategia comunicativa coherente en situaciones extremas? ¿Sólo en regímenes autoritarios o dictatoriales? ¿No se pueden recabar actitudes coordinadas por parte de quienes intervienen en tales circunstancias en los procesos de información?”

Y que concluía: “Las respuestas de manual dejan demasiados interrogantes en el aire. Vienen a concluir: ¿en qué tipo de sociedad quiere usted vivir? No basta”.

Cuando la comunicación se somete a criterios partidistas o sectarios; cuando la disputa política manipula los datos y la interpretación de la ciencia sobre ellos; cuando se obvian las demandas lógicas de los ciudadanos para manipularlos en función de intereses particulares; cuando la interpretación de los hechos solo sirve como arma arrojadiza; cuando los medios de comunicación renuncian a la complejidad para ejercer como profetas de cuanto ignoran; cuando las redes sociales ratifican la propensión de muchos de sus usuarios a la bazofia; cuando se proclaman asertos que solo son eslóganes contradictorios; cuando ni siquiera los expertos pueden transmitir conclusiones terminantes; cuando la verdad importa mucho menos que el agravio…, ¿no cabe apelar a la responsabilidad, al respeto, a la complejidad, a la interiorización de la incertidumbre o a asumir que la realidad, hoy por hoy, nos resulta inabarcable? Es decir, ¿no debe imponerse la obligación de la duda?

Existen actitudes que tratan de ser responsables, aunque les cueste escapar de la lógica impuesta mayoritariamente, la que les obliga a camuflar la perplejidad alimentando la confusión. Así, un experto dice algo y, al día siguiente, otro afirma lo contrario; un epidemiólogo ofrece una interpretación por la mañana y otro le rectifica por la tarde; y a ambos se los jalea como intérpretes de una verdad irrefutable que dura un minuto –tiempo suficiente para arrojarla a la cabeza de alguien.

Buena parte de los ciudadanos e incluso la misma sociedad solo puede sentirse perpleja e inane, mientras la mayoría combate contra sí misma.

La solución no consiste en imponer una dirección única en la comunicación. ¿No caben el acuerdo e incluso ciertos mecanismos de arbitraje? El manual de la ortodoxia democrática fía la solución a la educación, la actitud crítica, la capacidad de reflexionar y pensar… ¿Pero puede prosperar esa semilla en un lodazal?

La experiencia de este tiempo obliga a cuestionar lo incuestionable. Para evitar, quizás, el precipicio al que puede conducir la tergiversación de los hechos y del debate público.

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