La Covid-19 ha puesto en jaque a la sociedad entera, a todos los ciudadanos y, en consecuencia, a las instituciones, a los representantes políticos e incluso, aunque no se hayan dado por enterados, a los medios de comunicación. Las personas hemos tomado nota del problema por las malas –más que por las buenas– y hemos actuado, según se mire, a las buenas y a las malas; por clase, sexo, edad, ideología, franjas o fases…

Centremos la mirada. Superados los primeros días, la actitud ciudadana fue pasando por el desprecio o el escepticismo hasta el susto o el pánico. Por esos senderos aún andamos. Las instituciones han seguido un proceso desigual. Su foco se centró al principio en el problema de salud, en las urgencias, hasta que la complejidad y la incertidumbre desviaron la atención hacia su hábitat tradicional: la disputa política, contenida al principio, desbocada en la actualidad.

I

Sin embargo, aunque tal vez todos se hayan equivocado, una o cien veces, no todos han actuado con idénticos criterios.

Primera aproximación. Una parte ha mantenido su atención y su preocupación por el inabarcable problema de salud pública y sus consecuencias; la otra ha priorizado los efectos y consecuencias de segundo o tercer nivel del problema original. Hasta ahí, una u otra opción podría resultar legítima, y complementarias entre sí, porque desde el primer momento se pudo advertir que la pandemia iba a ser sanitaria, económica, social e incluso ideológica. Y que las víctimas generadas por el coronavirus en una sociedad marcada por la desigualdad, continuarán más allá del tratamiento eficaz de la pandemia e incluso de la vacuna.

Segunda aproximación. La parte que ha insistido más en la salud no ha olvidado las consecuencias del problema y ha puesto en marcha una serie de medidas paliativas en derivadas económicas y sociales perfectamente previsibles y descriptibles. La otra, sin negar formalmente el descontrol sanitario, sintió muy pronto la necesidad de respaldar el sistema productivo priorizando la atención sobre quienes ellos consideran sus dinamizadores e impulsores; para parecer ecuánimes, digamos empresas y emprendedores.

Tercera aproximación. El dilema planteado por una u otra opción respondía a criterios ideológicos –y de clase y de intereses y de manera de entender la realidad– y, en consecuencia, acabó alentando una confrontación política tanto más acerada cuanto más se radicalizaban las posiciones.

Resultado: el problema inicial devino en otro creado, amasado y alimentado por las propias instituciones. Los planteamientos iniciales derivaron a la búsqueda de otras referencias. El virus se transformó en excusa y la pandemia en coartada. Muchos ciudadanos, alentados desde diferentes tribunas, se echaron al monte.

Las responsabilidades de esta evolución no se pueden repartir a partes iguales. Todas las actitudes no son homologables. Sí lo pueden ser el desconcierto, la incertidumbre, los errores ante lo imprevisto, las contradicciones que genera lo desconocido; pero en ese elenco no caben la descalificación, el rédito partidista, el encono social, los intereses partidistas por encima del interés público.

El problema original, restringido al ámbito de la salud, acabó convertido en otro fundamentalmente político, donde los actores –principales o de reparto– se confrontaban entre sí bajo la excusa del interés de la ciudadanía. Suya y solo suya en la vida y la hacienda que unos u otros ponían en juego.

Sin ingenuidad ni equidistancia hay que reconocer que las responsabilidades del cambio de perspectiva y de los desatinos posteriores no pueden repartirse por igual. Unos se han equivocado, más o menos, en la búsqueda de respuestas al problema que les atropelló cuando buscaban su propio rumbo. Otros antepusieron la ventaja de estar fuera del foco inicial para urdir una estrategia que les devolviera protagonismo a costa de desgastar al adversario; con el agravante de que ese plan les iba a exigir una radicalidad cada vez mayor para eludir la responsabilidad de colaborar en beneficio del común.

Ese es el actual estado de la cuestión por el que se mueven los responsables públicos y, no se olvide, los medios de comunicación, sin los que no se puede explicar y entender cuanto en estos momentos ocurre.

II

Y ocurre efectivamente que, oscurecidos los problemas primordiales, la actividad pública se desarrolla como si nada hubiera cambiado, como si los dirigentes se enfrentaran a cuestiones rutinarias con el aval de su trayectoria o su programa. Algunos medios informativos, los que todavía son dignos de ese nombre, les han reclamado, en vano, otras actitudes, otras perspectivas, otros horizontes, otra manera de afrontar una realidad tan grave y compleja.

Sin embargo, esos mismos medios han decidido actuar como si este caso fuera ordinario, como si tuvieran que responder a una cuestión absolutamente extraordinaria con los esquemas habituales o rutinarios.

Buena parte de los políticos han sido incapaces de entender que, más que resetear su propia programación, tenían que rehacerla o reformularla. Que las aplicaciones de su ordenador habían quedado obsoletas. Que debían recomponer el software y hasta el hardware y, entre tanto, manejarse con lápiz y papel, regla y cartabón; es decir, apelando a su inteligencia y a su capacidad de adaptación. Los fracasos se sucedieron uno tras otro.

Buena parte de los medios, que siempre saben lo que deben hacer los demás –como demuestran sus editoriales, sus tertulianos o sus propios comunicadores–, no dudaron en mantener las lógicas cotidianas en la situación excepcional. Unos, azuzando el encono; otros, reclamando su función arbitral, la de un contrapoder de pleno derecho, con sus normas de manual al margen de la realidad de una sociedad o una ciudadanía atacada por la complejidad, la incertidumbre y el miedo.

Los representantes públicos se convirtieron no solo en el objeto de la crítica sino, sobre todo, en piezas de un pimpampum sobre el que dirimir los intereses económicos e ideológicos de la mayor parte de los operadores de la comunicación. El servicio público al que aluden con frecuencia los medios, pretendidos garantes del derecho de los ciudadanos a la información, no solo se ha visto manipulado por los intereses de determinados grupos de comunicación, como suele ser habitual, sino también por los que, desde ámbitos más plurales, han seguido actuando conforme a los parámetros habituales, al margen del estado de shock en que deambulan los ciudadanos.

¿Una situación como la provocada por la Covid19 no requiere planteamientos diferentes, actitudes incluso inéditas, por parte de los medios de comunicación respecto a su código ordinario de conducta? Si ellos insisten en reclamar ese tipo de cambios o adaptaciones a los representantes públicos, ¿por qué no se aplican su propia receta?

III

¿Qué le ha sobrado? ¿O faltado? ¿Qué se debe cambiar?

Para empezar, reconocer que en este contexto la información no se puede convertir en un pugilato entre quienes obran bien y quienes obran mal. Si la radicalización vigente desde hace largo tiempo podía considerarse como uno de los aspectos más repudiables de la realidad en que vivíamos, su exacerbación en las actuales circunstancias ofende más gravemente. Sin embargo, es un hecho. Ante ello los medios toman partido de manera vergonzante, porque ponen en evidencia su relativo interés por los hechos y, en definitiva, por la verdad.

Tampoco se justifican aquellas cabeceras que, bajo una apariencia de mayor profesionalidad –o menor radicalización–, determinan los aciertos y los errores de los diferentes actores públicos en función de criterios que los profesionales o los medios validan y, a partir de los cuales, sancionan conductas, reflexiones e intenciones. 

No. La sociedad debe reclamar a los medios hechos, datos, interpretaciones plurales. Siempre, en todos los casos; pero en estas circunstancias con especial atención. No se trata de que el ciudadano reciba como algo ya sentenciado lo que es lo bueno y lo que es malo, sino que el ciudadano, a partir de las decisiones que se adoptan, conozca los motivos por los que se acuerdan y, a la postre, las interprete y las valore. Él mismo.

Algunos medios todavía dignos de respeto –aunque en rápido descenso– se han dejado arrastrar por la vorágine, sin diferenciar entre lo que son disputas por el poder y acciones relacionadas con la crisis: sin reconocer de manera práctica que las descalificaciones importan menos que las motivaciones, los insultos que las explicaciones, el grito que la duda; sin comprometerse a distinguir y priorizar lo que es importante en este tiempo para los ciudadanos.

¿Por qué los periódicos, las cadenas radio y televisión, analógicos o digitales, dedican la inmensa mayoría de su tiempo a la crisis derivada de la pandemia? ¿Para asistir a la bronca política, para alentarla, para convertirla en el eje de la vida de los ciudadanos?

Sin aceptar la complejidad y la incertidumbre no cabe un modo de atravesar esta riada. Pero los medios se han lanzado a una carrera por las certezas, por criterios que les permitan a ellos establecer lo bueno y lo malo, señalar al que acierta y al que yerra… Por aceptar una realidad que en sus muchos momentos niegan: por ejemplo, que algunos puntos de apoyo aceptados como incuestionables están más cerca de la fe que de la ciencia.

IV

Hubo un tiempo en el que se podía afirmar que al periodista le definían sus preguntas y que el oficio se legitimaba a través ellas; no por sus respuestas. Sin embargo, la valoración social del periodista se regula desde hace ya algún tiempo con otros baremos, que los propios profesionales han ido interiorizando y asumiendo. ¿Se podría esperar que, ante situaciones tan convulsas e inciertas como las actuales, los periodistas se sintieran obligados no tanto a ofrecer certezas como a propiciar confianza? A través de su rigor. Y de sus dudas.

La duda es el camino hacia la realidad que el periodista debe transmitir. El proceso informativo parte de esa actitud y ese sendero. Por eso la verdadera traición al periodismo no es el error sino las afirmaciones que se proclaman antes de haber terminado las preguntas. Las certezas que no proceden de los hechos no ayudan a entender este tiempo. Por el contrario, las interrogaciones quizás sí alcancen a exponer la dimensión de su complejidad; es decir, de la realidad y de lo que ella demanda.

Hay que defender e incentivar la actitud crítica, imprescindible en el periodismo y, sobre todo, en cada individuo. Pero con una advertencia: esa actitud no puede conducir a la esterilidad, que aboca, a su vez, a la desconfianza y a la parálisis sin más argumento que una pretendida independencia profesional o personal.

Por eso, la profesión periodística debe considerar ante la situación generada por la Covid19 que la información no puede transformarse en un bucle ensimismado, en torno a sí mismo, que niega la libertad del lector, oyente, espectador o usuario de las redes sociales a través de la saturación. En ese bucle entender se convierte en un ejercicio imposible. El ciudadano, atrapado en esa rueda ensimismada, se convierte en un ser que no comprende, aunque asienta por la sinrazón de la fe ante quien le impone criterios e interpretaciones de los hechos (o más allá). Quienes reclaman la actitud crítica como parte esencial de su tarea no la pueden abortar en el conjunto de la sociedad por razones de método o un dudoso supremacismo. Solo esa predisposición crítica convierte al individuo en ciudadano. Y por eso requiere tanto respeto.

A nadie se le puede pedir lo que uno no ofrece. En consecuencia, el periodista debe partir de una convicción íntima: no hay responsabilidad cívica mayor para un periodista que la que asume en el ejercicio de su actividad. Y eso obliga a una autocrítica sin pausa para la condescendencia.

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