Una cosa es que un producto no cueste  y otra que se ofrezca gratis.

Cada vez que algo se ofrece gratis alguien, sin ser su usufructuario directo, lo paga. Y en muchos casos no hay nada que objetar. Así se defiende la sanidad o la educación públicas y se podría hacer con los alimentos básicos o la cultura gratuita. Lo del fútbol, que algunos también reclaman y otros parecen dispuestos a concederlo, es otra cosa.

El modelo de sociedad en vigor (a los ciudadanos se les ofrecen pocas posibilidades de elección a este respecto) lleva implícito qué productos, servicios o bienes pueden ser de acceso gratuito, subvencionado o exentos de impuestos. Cambiar la relación supone transformar el modelo. Unos lo hacen por la vía modorra, sin decir nada, a la chita callando, en aras del liberalismo o lo que les pete. Otros… reclaman y aguantan.

En estos momentos, en pleno tsunami liberalizador, en el que todo lo gratis desaparece, porque los que tienen más se niegan a financiar derechos de los que tienen menos, surge en el lado contrario una reclamación del gratis total basada en la novedad radical de internet en nuestras vidas y que, a falta de otros asuntos más o menos prioritarios, favorece el libre acceso a música, libros, películas, periódicos…

Que inventen nuevos modelos de negocio, gritan los innovadores que usurpan los ingresos que antes generaban los derechos de autor o similares. Es de agradecer la sugerencia, o la exigencia, y los productores, creadores, distribuidores y demás parentela dan pasos adelante y atrás intermitentemente en busca de la piedra filosofal. A poco se demuestra que se trata de tumbos sucesivos. Algunas profesiones se depauperan a ritmo de vértigo, actividades nobles que se encuentran en peligro de extinción y, por el contrario, nuevos entes que acumulan beneficios sin cuento, esconden ingresos para no contribuir a las arcas públicas y alientan el grito de la nueva revolución: la de sus propias utilidades.

El debate sobre estos asuntos se ha llenado de prejuicios, de aprioris, de argumentos falaces y cada día resulta más difícil distinguir la voces de quienes reclaman legítimamente el uso de la razón para establecer el legítimo valor del trabajo de autor o, mejor dicho, el servicio en estos ámbitos relacionados con la creación y la cultura.

Se podría haber impulsado un criterio a favor del cambio social, para que todo aquello que se considerara un derecho social o cultural estuviera protegido –y en consecuencia, que sus actores directos tuvieran garantizada una renta básica o algo más, por decir algo–, pero nadie lo planteó. Por el contrario, se justificó el recorte de ingresos sin necesidad de planes de ajuste, reformas laborales u otras lindezas, sólo por la innovación de los tiempos. Y en beneficio de otros, dentro de los cuales se han colado alguno de los listos y poderosos de siempre.

Convendría adentrarse en las entrañas de una editorial media (no ya pequeña, porque esas ya han muerto), de una discográfica independiente, de una pequeña productora de documentales, de un colaborador de prensa al que le piratean tanto más cuanto mayor esfuerzo y lucidez acumula… Y posponer el grito del gratis total hasta contar con el modelo que no lleve a todos ellos a la defunción o la tetraplejia.

Las interioridades de algunos de los ejemplos anteriores delatan que el problema no es solo el que generan los innovadores del todo gratis. Que esas actividades, desde el punto de vista económico, ya eran de alto riesgo y que la recesión y la crisis las han colocado más allá del precipicio. Sólo les hacía falta un empujoncito.

Y en ese empeño hay muchos. El ensayo de Robert Levine, Parásitos, que hoy  se comenta en El País habla de todo ello. Habrá que estar atentos. Si no es ya demasiado tarde, porque hay hábitos que, una vez adquiridos, se tornan incurables.

 

 

 

 

 

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