En este país nos agradan los debates recurrentes como el de la educación y las leyes que deben regular el acceso a ella de todos los ciudadanos. Pero no hay manera de resolver el problema a diez años vista o, más concretamente, de conseguir que la última norma sobreviva al gobierno que modificó la anterior.

Así estamos: en vísperas de estrenar otra ley de educación con fecha de caducidad. Una ley, pese a ello, necesaria e incluso inevitable, no tanto –quizás– para resolver problemas ciertos como para señalarlos y marcar determinadas posiciones; es decir, para mostrar carencias ineludibles del actual sistema educativo, tan injustificables que para negarlas no se usan argumentos sino excusas, pura demagogia.

¿Cómo negar la necesidad del reforzar la enseñanza pública en aras de garantizar un derecho fundamental del que deben beneficiarse por igual todos los ciudadanos? ¿Cómo oponerse, en consecuencia, a que ese derecho deje de amparar procedimientos que han servido para discriminar y segregar o para proteger determinados privilegios? ¿Cómo eludir los derechos de los escolares por encima incluso de los intereses ideológicos y económicos de sus progenitores? ¿Cómo ignorar las consecuencias del fracaso escolar al que inducen determinadas fórmulas en vigor?

Frente a tales interrogantes, entre otros muchos, en lugar de buscar soluciones compartidas, nos afanamos en encontrar motivos para el desacuerdo y, en consecuencia, para impedir la solución de los problemas y preservar las desigualdades.

Solo así se explican algunos debates sobre la equiparación de las obligaciones básicas de la enseñanza publica y la concertada –ambas sustentadas plenamente por los presupuestos del Estado–; sobre las atenciones que requieren los sectores más vulnerables o los chavales con necesidades especiales; o sobre la retirada del español como lengua vehicular en Cataluña –cuestión de nulos efectos prácticos, pero que de un lado y otro se esgrimen como condiciones tanto para el repudio como para el abrazo–. Por ejemplo.

En lugar de un debate sobrio y veraz, se sacan a relucir palabras solemnes como la libertad, los derechos de los progenitores… a sabiendas de que mienten cuando aluden al propósito de la nueva ley de acabar con la enseñanza concertada, con la educación especial en centros idóneos o con la unidad de España. La discusión se limita a arrojar palabras solemnes que desprestigian a quienes las usan y a escupir insultos y mentiras

¿Por qué no debatir sobre lo concreto y acordar lo necesario?

Tal vez, porque están en juego la defensa de intereses particulares o los privilegios de determinadas clases que reclaman la preservación de su prestigio social y económico contra la mayoría y, especialmente, contra los niños y niñas más vulnerables, con mayor riesgo de exclusión, los que no podrán disponer del, tal vez, único instrumento a su alcance para sobreponerse a la condición socioeconómica de la que han tenido que partir.

Por eso, la Ley Celaá nace condenada a morir antes de alcanzar la adolescencia, pero sirve para marcar algunas cuestiones ineludibles que en el debate algunos tratan de esconder a gritos, sin razonamiento. Y así afrontamos una ley efímera que, al menos, sirve para poner algunos de los problemas de la educación sobre la mesa.

De ahí su necesidad. Aunque sepa, que sabe, a poco.

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